Peculado, delito no grave; diputados sin acuerdos

Jesús Romero López, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca confesó la falta de acuerdo de legisladores para que el delito de peculado se considere como grave, además de la confiscación de bienes.
Entrevistado por URBANO, el legislador integrante de la fracción parlamentaria de MORENA, confirmó que la legislatura local carece de acuerdos suficientes para para elevar el delito de peculado como delito grave, esto, a pesar que los legisladores aprobaron el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción que tampoco se ha consolidado.
Detalló que existen propuestas legislativas de las fracciones parlamentarias pero que hasta el momento no se han puesto de acuerdo para construir una sola y con ello elevar el  tipo penal de peculado como delito grave.
Descartó que la falta de acuerdo para catalogar el delito de peculado como grave represente un adeudo con la sociedad oaxaqueña.
A mediados de febrero de 2017, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) propuso reformar el Código Penal del estado, a fin de incrementar las sanciones de prisión, pecuniarias y el tiempo de inhabilitación para desempeñar otro cargo público, a quienes cometan el delito de peculado.
Según reportó NOTICIAS, desde la tribuna camaral, el diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe señaló que la iniciativa tiene como objetivo castigar a todo servidor público sin importar el tiempo transcurrido en la comisión del delito, con sanciones más severas.
 “El servicio público se encuentra sustentando en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, siendo la bases de las actividades y funciones del estado, por lo que si un servidor público comete una conducta contraria a la ley, constituye motivo suficiente para imponer un castigo más severo”.
Señaló que actualmente se aplican de 1 a 15 años de prisión, multas de mil a 50 mil pesos y una inhabilitación del cargo de 2 a 6 años a quienes cometen peculado; propuso que cuando el monto de lo sustraído no exceda el equivalente de 500 veces el salario mínimo vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrá una pena de 2 a 15 años de prisión, multa de 150 a 500 veces el salario mínimo vigente, así como la inhabilitación de 2 a 8 años para desempeñar otro cargo.
Añadió que cuando el monto de lo distraído exceda 500 veces el salario mínimo, la pena será de 5 a 20 años de prisión, multa de 500 a 750 veces el salario mínimo y la inhabilitación de 5 a 20 años.
El legislador también subrayó que también es importante que el delito de peculado no prescriba, por lo que proponen un caso de excepción a fin de que la prescripción no opere tanto en la acción penal, como en la ejecución de la pena, en el caso de la comisión de este delito.
Por su parte, el diputado Jesús Romero presentó la iniciativa por la que se expide la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, que contemplaba el fortalecimiento de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
En consecuencia, se fijarían los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas en el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y para establecerse sanciones para los servidores públicos que no cumplan con su obligación de presentar, en tiempo y forma, las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal.