Raymundo Rivapalacio.-
En vísperas de la Navidad de 2016, una Corte Federal en
Nueva York reveló cómo el conglomerado brasileño Odebrecht y su filial Braskem
sobornaron funcionarios, legisladores y políticos en México, Angola, Argentina,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y
Venezuela, para “asegurar una ventaja indebida para obtener y mantener los
negocios en esos países”. El 23 de diciembre de ese año, dos días después de la
acción de la corte, se describió en este espacio la acusación que afectaba a
los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde entonces, el
jaloneo dentro y fuera del gobierno mexicano ha sido intenso, tramposo y con
evidencias claras de encubrimiento.
Al día siguiente que se dio a conocer la información de la
Corte, la Función Pública inició una investigación en Pemex, la empresa
señalada por actos de corrupción de funcionarios y ex funcionarios, y una
auditoría transversal para identificar los contratos entre Odebrecht y las
diferentes dependencias gubernamentales. La Función Pública, a cargo de Arely
Gómez, entró en una dinámica de confrontación burocrática con la PGR, en ese
entonces a cargo de Raúl Cervantes, miembro del grupo de abogados capitaneados
por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que desde
las sombras de Los Pinos ejercieron uno de los poderes más grandes y
avasalladores en el sexenio de Peña Nieto, porque no fluía –como hasta ahora-,
la información.
En una reunión privada con senadores en octubre de 2017,
Cervantes anunció que renunciaría y que había terminado las indagatorias de los
sobornos de Odebrecht, por lo que la PGR estaba lista para consignar a los
responsables. “El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener
contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal
habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras
instituciones”, le dijo Cervantes a los senadores, “Es uno de los mayores
esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan
visto”. Después de eso, nada sucedió.
La PGR no consignó a nadie, ni profundizó sus
investigaciones. Dos razones ayudan a entender los porqués. Por un lado, las
autoridades brasileñas y estadounidenses, no le dieron acceso libre a la PGR al
expediente y le fue dosificando la información. No hay una explicación objetiva
de ello, pero una de las señales que a lo largo de todo este tiempo se ha
enviado, es que no tienen confianza en la integridad jurídica del gobierno
peñista. Inclusive, en la investigación original sobre Odebrecht, donde además
de esas dos naciones participó Suiza por el tema del lavado de dinero, se
excluyó a México. Cervantes siempre defendió en privado con el argumento que
los sobornos en México habían sido marginales al compararse con otras naciones,
y que lejos de que fueran excluidos los mexicanos, elogiaban lo que había
hecho.
Por el otro lado, funcionarios federales aseguran que
Cervantes mintió ante los senadores, y que cuando dijo que todo estaba listo
para consignar, no había absolutamente nada concluido. Pero con ello transfirió
la carga de responsabilidad al procurador interino, Alberto Elías Beltrán,
algunos de cuyos cercanos han sugerido que la declaración de Cervantes
pretendió, más bien, descarrilar toda la investigación. Si bien las
investigaciones mantuvieron su paso lento, las acciones contra ex funcionarios
de Pemex y Odebrecht, no se interrumpieron.
La Función Pública concluyó procedimientos administrativos
de responsabilidades con sanciones, donde inhabilitó a la constructora Norberto
Odebrecht -sólo en México se castigó a la empresa, de todos los casos de
corrupción en América Latina-, y a Luis Alberto de Meneses Wyelll, quien era su
director en México, que afirmó haber dado 10 millones de dólares al ex director
de Pemex, Emilio Lozoya, por ayudarles a una adjudicación directa de obra
pública en la refinería de Tula, que el ex funcionario niega. También se
inhabilitó a Gleiber José de Faria, quien era el director de Administración y
Finanzas del conglomerado, y a Marco Antonio Sierra Martínez, que era residente
de obra en la refinería de Tula.
La investigación en Tula está en curso sobre tres contratos,
uno de las cuales involucran a un funcionario de Pemex, pero por tiempo, el
Caso Odebrecht no va a ser cerrado en el gobierno de Peña Nieto, y caerá en la
nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. Tula es una carga
explosiva de profundidad sobre el gobierno peñista. Sierra Martínez, el único
funcionario sancionado hasta ahora, lo fue por haber pagado “indebidamente” dos
millones y medio de pesos a la empresa, que es una fracción de lo que Odebrecht
asegura haber entregado en sobornos en México.
Si la investigación avanza, irá subiendo el nivel de
funcionarios involucrados, pero no sólo en Pemex, de acuerdo con indicios de
las pesquisas, sino a otras áreas hidalguenses vinculadas con Tula que jugaron
un papel de influencia en el gobierno actual, y que hasta el momento han sido
dejadas en paz. La joya de la corona, ante la opinión pública, es Lozoya. Pero
el ex director de Pemex ha repetido que se siente tranquilo. Podría estarlo,
relativamente hablando. El dinero que asegura Odebrecht le entregó,
supuestamente terminó en la campaña de Peña Nieto, donde los responsables
finales de los recursos eran el coordinador, Luis Videgaray, y el hombre de los
dineros del presidente, Luis Vega, que será diputado en la próxima legislatura.
Lozoya ha dicho en privado que, en extrema circunstancia, él hablará lo que
sabe. Y lo que sabe, no se acaba en Pemex, sino en Los Pinos. Esto, tendrá que
probarlo penalmente, si está dispuesto, el gobierno que viene.
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