Staff/URBANO
La 63 legislatura que está por fenecer continua con prácticas opacas respecto al destino de los recursos que le son asignados, tampoco ha mostrado interés por investigar y en su caso denunciar desvíos millonarios del presupuesto destinado al poder legislativo.
Según revisiones de la cuenta pública, la legislatura
anterior (62) de los ejercicios fiscales
2014, 2015 y los dos primeros trimestres del 2016, ejerció un presupuesto de
mil 715 millones 371 mil 867 pesos, que fueron reportados a la entonces Auditoria
Superior del Estado (ASE).
La ASE, en su momento, no detalló en que fueron gastados los
recursos, tampoco emitió recomendaciones ni procedimientos de presuntos malos
manejos, como han acusado diputados de todas las fuerzas políticas.
Al respecto, la actual legislatura informó mediante solicitudes de acceso a la información vía plataforma de transparencia que
carecen de información sobre el destino de los recursos ejercidos por la
anterior legislatura y en consecuencia se encuentran “materialmente” impedidos
para proceder.
Las preguntas formuladas en la solicitud contemplaron información sobre el sueldo neto
de los diputados; presupuesto destinado para el rubro de gestión social y la
forma de comprobación de los recursos ejercidos en el último año de la 62 legislatura
y primer de la actual.
La respuesta fue que no existen documentos que comprueben
los gastos ejercidos en la anterior administración toda vez que la actual
tesorería no recibió documento alguno, pero tampoco detalla si ha iniciado procedimiento
alguno para aclarar dicha situación.
“…después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de
la tesorería del H. Congreso del Estado; sin embargo, le informo que no se
encontró archivo alguno del cual pudiera extraerse la información solicitada,
manifestando que el suscrito es responsable de la Tesorería del H. Congreso del
Estado, a partir del ocho de diciembre de dos mil dieciséis, y las oficinas de
la tesorería fueron recibidas sin documentación, ni archivo general, por lo que
es materialmente imposible proporcionar la información solicitada que contemple
el último año de la legislatura anterior…”
La respuesta a la solicitud también informa que cada diputado
percibe la cantidad de 42 mil pesos
mensuales además de 100 mil pesos bajo el concepto de “gestión social” que son acreditados
por medio de comprobantes fiscales digitales conforme al artículo29-A del
Código Fiscal de la Federación. El Tesorero del Congreso responde al nombre de
Eduardo Javier Aldana González.
De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad A.C.
(IMCO), existe un manejo arbitrario en la asignación y ejecución de los
recursos del legislativo; es cuestionable la función de contrapeso y
fiscalización en varios congresos locales y van más allá, debido a que los
Congresos llegan a ejercen facultades propias del Poder Ejecutivo.
El IMCO analizó la composición, manejo de recursos y
desempeño legislativo de los 32 congresos locales (31 congresos y la entonces Asamblea
Legislativa), a partir de 608 solicitudes de información, revisión de 32 sitios
web, evaluación de 65 leyes estatales y 32 tomos de la cuenta pública. Con
ello, construyó la primera base de datos sobre los congresos locales.
El congreso de Oaxaca realizó -según lo reportado al IMCO-,
65 sesiones en el 2015, que para 2016 fueron diversos los desencuentros que
incluso lo llevaron a enfrentamientos verbales y físicos entre los diputados de
las principales fuerzas políticas. El número total de sesiones fue omitida por la
Oficialía Mayor.
Además, el Congreso de Oaxaca, solo transparenta en un 12
por ciento sus obligaciones de contabilidad gubernamental. Así mismo, el IMCO
reporta que el Congreso de Oaxaca, incurre en malas prácticas debido a que es
imposible conocer la distribución del gasto.
