Viernes 28 de Abril de 2017/Con Tinta de Quintero
Violencia e impunidad deja Joaquin Carrillo Ruíz
complicidad del gobierno atroz gabinista
Antonio Quintero
Uno de los mayores cómplices en la impunidad e injusticia en la entidad oaxaqueña tiene un nombre y apellido y tuvo un gigantesco cargo para entorpecer, dilatar, y esconder todo lo que pudiera dañar a su patrón inmediato llamado genuinamente Gabino Cué Monteagudo, un gobernador oscuro, infame y asesino, pero además escondido en su mediocridad interna pudo saciarse hasta que pudo del infortunio mandato que tuvo por durante seis largos y míseros años.
Mordaz, astuto, y perverso se llama Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, un artífice precoz de la violencia desatada que inicio con la putrefacción, se tuvo que aliar con mafias de todo tipo, de cuello blanco, de sicarios, y asesinos a sueldo. Ese fue el trabajo de asquerosidad del famoso gobierno del cambio, un adorno mediático para ensalzar y esconder al mismo tiempo todo lo que originaba en su paso por el gobierno de trance, de transición, de alternancia, de amplia corrupción desmedida.
Episodios negros en justicia
Este fue el episodio más negro que se haya escrito en la historia de Oaxaca, inseguridad que caracterizó a lo largo y ancho de todas las regiones y comunidades, que enlutó además a miles de familias oaxaqueñas, la violencia desatada en el periodo de mayor impunidad similar al del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.
Gabino Cué Monteagudo recibió en su gobierno a la otrora procuradora que provenía del gobierno ulisista, María Candelaria Chiñas, con antecedentes brutales en justicia cuando justamente se registró el ataque consumado y del conflicto social del 2006, recordemos aquel procurador en tiempos ulisistas Evencio Nicolas Martínez que pesan en él graves acusaciones incluso internacionales ante la impunidad y corrupción que prevaleció siendo procurador.
Le entregaron el cargo a Manuel de Jesús López, allegado de Cué para que finalmente entregara el cargo a Joaquín Carrillo Ruíz, la complicidad extrema unió toda la ola de violencia, pero fue más allá dejó una estela de muerte, de impunidad, de corrupción a su paso por la fiscalía.
Ola y pacto de complicidades
Quien rindió entonces la protesta de ley al primer procurador gabinista fue precisamente la diputada Eufrosina Cruz Mendoza del Partido Acción Nacional (PAN), cuando era presidenta de la mesa directiva en el año 2010.
De tal modo que los legisladores del PRI, PAN, PRD, PT y PC, avalaron a Manuel De Jesús López.
El entonces coordinador panista Juan Mendoza Reyes señalaba que era necesario que se dignificara a la institución, haciéndola imparcial, al servicio de la ciudadanía, revertir rezagos, sin distinción entre otras cosas.
Llegada de Joaquin Carrillo y sus mentiras
En noviembre del 2013 en su toma de protesta el nuevo fiscal privilegio su imagen y lucró de manera perversa con tragedias vividas y en sus propias palabras se comprometió a esclarecer el crimen del diputado local por el PRD, Everardo Hugo Hernández, asesinado en ese mismo año. Lo hizo también con el exdiputado Carlos Martínez Villavicencio, Fidel López Nelio entre otros. A su renuncia deja inconclusas investigaciones de diversos líderes de organizaciones sociales como Arturo Pimentel Salas del (FNIC).
"Llego a la Procuraduría sin compromiso alguno, soy un hombre de palabra que cree en la justicia y que está consagrado a valer la ley por encima de cualquier connotación política", manifestó.
En aquella ocasión atestiguaron como integrantes de la mesa directiva Mercedes Rojas Saldaña, Marlene Aldeco, Hita Ortiz Silva, Angela Hernández Solis y Rosa Elena Peña.
Curiosamente Carrillo Ruíz obtuvo el voto unánime, él era la propuesta de Cué Monteagudo.
Estadísticas negativas
Oaxaca ya tiene el primer lugar en feminicidios, la triste realidad es que los feminicidios es una terrible pesadilla que no han podido detener, aunado a los secuestros, desapariciones, y muertes sospechosas.
Según las cifras arrojadas por Consorcio, los feminicidios escalaron hasta en un 300 por ciento durante los últimos seis años.
Como se dio a conocer en su momento, en el gobierno de Gabino Cué los feminicidios aumentaron terriblemente evidenciando nula propuesta en las políticas públicas hacía la protección de la mujer.
La administración de Gabino Cué Monteagudo, fue criminal, acusado así por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, y de atención a víctimas, la perspectiva de género, casi desapareció y no hubo programas permanentes que permitieran reducción de los asesinatos de mujeres en la entidad, misma que aún va en aumento a comparación de hace dos sexenios el primero encabezado por Ulises Ruiz Ortiz que cerró con una cifra de 283 casos registrados, de acuerdo con el Informe Ciudadano Ausencias Violencia Feminicida y Feminicidio en Oaxaca.
Los datos varían de acuerdo con el Informe Ciudadano Ausencias. Violencia Feminicida y Feminicido en Oaxaca, coordinado por la asociación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, quien registra 109 casos y pone en primer lugar a los Valles Centrales en cuanto incidencia, seguido de la Mixteca y Costa. A la par que detalla que el 48.6 por ciento de los casos de feminicidos registrados en el 2014 corresponden a mujeres entre los 11 y los 40 años, es decir se encontraban en edad reproductiva, cifra que pudiera ser superior ya que el registro contemplan un rubro de edad desconocida.
Violencia e impunidad
El año 2016 fue el sello con el que Joaquín Carrillo se despidiera de su cargo, un periodo que no se caracterizó por el profesionalismo de las investigaciones pues no hubo investigación, de los cientos o miles de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, crímenes políticos, asesinatos de líderes, violaciones, feminicidios que se registraron en toda la entidad oaxaqueña y fue a través de observatorios internacionales que expusieron toda la corrupción, negligencia e impunidad en la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca (PJEO).
Además de toda la ola de violencia que se generó en todas las regiones, hasta hoy en día, permitiendo que en la misma capital actúen diversos grupos delictivos con toda impunidad y con la anuencia de los cómplices del gabinismo
Comisión de la verdad denuncia
Por su parte en abril del año 2016 la Comisión de la verdad documentó un total de 29 casos de desaparición de personas que tuvieron lugar en los años 2006 y 2007. Cifra que incrementó en Oaxaca a partir de ese periodo.
En su informe recomendó el cese de funcionarios, a través del Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos.
La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la responsabilidad de Alma López Vázquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Dario Berges y Dorantes, Victor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolas Martínez Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores.
Algunos de los mencionados aún ostentan cargos públicos, por lo que el organismo pidió al entonces todavía gobernador Gabino Cué Monteagudo el cese de los funcionarios que participaron en las graves violaciones de los derechos humanos durante 2006 y 2007.
De acuerdo con la CVO, también solicitó al Congreso Federal revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), así como de sus titulares y visitadores del periodo 2006 y 2007 para sancionarlos e impulsar medidas para la protección de los derechos humanos.
La organización precisó que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la administración de Ulises Ruíz Ortiz, son difíciles de contabilizar, pero señala que son cuantiosas.
Funcionarios activos deben ser cesados
La lista la encabeza precisamente Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, que hasta hace unos días era el actual Fiscal General del Estado, Victor Alonso Altamirano, Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Daniel Camarena Flores, Coordinador de inspección y vigilancia del municipio.
También y de acuerdo con los resultados, la Fiscalía General del Estado debe cumplir las seis órdenes de aprehensión giradas en contra de los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del activista Arcadio Hernández Santiago, cuyo caso fue consignado por la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social. Además del esclarecimiento del asesinato del periodista Brad Will.
Su renuncia esperada
Desde que entró la administración actual el fiscal-cómplice de Gabino Cué Joaquín Carrillo Ruíz era esperada su renuncia, dejó entrever que ya había culminado su trabajo, -¿pero cual? Solo entorpeció, obstaculizó y denigró el papel de la procuración de justicia en todo el estado.
Era muy necesaria su salida, pues debió ser inmediata, esto le tendrá serias consecuencias al nuevo gobierno, en todo lo relacionado a las miles de denuncias que seguramente “desaparecieron”.
Joaquín Carrillo consideró que dejó una Fiscalía fortalecida, con una Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en mejores condiciones que la recibió, peritos con oficina propia. "No hay dinero que alcance, pero me voy contento, feliz, satisfecho con desempeñar una honrosa labor".
Lo que nunca hizo el flamante ahora ex fiscal que la cloaca dentro de las diversas fiscalías y de sus ministerios públicos siguió perfectamente igual, anidando mayor corrupción, pues nunca hubo atención para ofrecer un servicio por lo menos humano.
La procuración de justicia en el estado se hace latente renovarlas con personal eficaz, serio y profesional, situación que se torna difícil por tantos años y porque existen raíces podridas a su interior.
No puede ser que el ahora ex fiscal salga muy ufano y alegre sin que nadie lo obligue a rendir cuentas de lo que recibió e hizo en toda su gestión al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca (PJEO), ningún diputado actual lo ha llamado a cuentas, y no hay informe de su labor, posiblemente la haya pactado en ese convenio de impunidad que sostuvo a través del gobierno de Gabino Cué Monteagudo y Ulises Ruíz Ortiz, un pacto de total impunidad para que nadie sepa que se hizo con la procuración de justicia…
Cuantos crímenes quedaron en la deriva, en la impunidad, ese fue el trabajo honroso, pero asquerosamente sucio que tuvo y guardó uno de los mayores cómplices del gabinismo en toda su expresión!!! ... Joaquín Carrillo Ruíz un hombre perverso y despreciable, en su cabeza se llevará la impunidad orquestada desde el escritorio de Gabino Cué Monteagudo… desde ahí se fraguaron todas las pillerías, crímenes, asaltos, robos, fraudes, desapariciones, violaciones… esos fueron los criminales de cuello blanco del fastuoso gobierno del cambio, ¿usted lo recuerda?... ¡Hasta la próxima!
@opinionquintero
