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FOTO: INTERNET |
Carlos Ramírez.-
De nueva cuenta, como viene ocurriendo desde 1984 en que la
complicidad narco-policías asesinó al columnista Manuel Buendía, de Excelsior,
los periodistas salen a la calle a gritar justicia, pero se encuentran con una
estructura política-judicial-penal más articulada al crimen organizado que a la
sociedad.
Por ello es que los periodistas debieran dar un paso
adelante en sus exigencias, abandonar la mera protesta y meterse como sociedad
organizada en la estructura del poder del Estado y de los gobiernos.
La opción
es poca: esperar a que las estructuras oficiales aclaren y castiguen a los
responsables de agresiones y asesinatos de periodistas o participar en las
investigaciones.
De ahí que existan, cuando menos, seis propuestas concretas
para presionar las investigaciones; los asesinatos de periodistas han sido
demasiado gravosas como para dejarlas en manos de los políticos:
1.- Conformar grupos de investigación que participen como
coadyuvantes de las oficinas de investigación judicial de los gobiernos estatales
y federal, contando con la asesoría de abogados solidarios con los periodistas.
2.- Exigir al gobierno federal la creación de una Comisión
Nacional de Defensa de los Periodistas --similar a la CNDH-- para funcionar
como oficina de desahogo penal de agresiones contra periodistas; debe ser un
organismo del Estado pero sin intervención federal. Esta oficina deberá
articularse a organismos internacionales de derechos humanos. Una especie de
Comité de Defensa de Periodistas pero oficial.
3.- Reformar la ley para incluir la sentencia de prisión
perpetua contra asesinos de periodistas y elevar castigos a quienes agredan o
lastimen a comunicadores. El delito de secuestro tiene cadena perpetua en
algunos estados.
4.- Castigos más severos, por ley, a funcionarios que
amenacen a periodistas, a partir de la investigación de Artículo 19 de que el
50% de agresiones contra periodistas han sido por funcionarios de los sectores
público y político.
5.- Redacción de una Ley de Libertad de Prensa que garantice
el trabajo de los periodistas, porque hasta la fecha todas las reformas han
sido coercitivas. La vigente pero incumplida Ley de Imprenta en realidad tiene
el nombre oficial de “Ley de Delitos de Imprenta”. La base de la nueva ley
podría ser el decreto de Libertad Política de la Imprenta del 10 de noviembre
de 1810 aprobada por las Cortes de Cádiz, que partió de la prensa como
contrapeso, educación cultural y formación de opinión pública.
6.- Reorganización de la Fiscalía Especial de la PGR para la
Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, hasta ahora
pasiva ante las demandas presentadas. El problema no es la impunidad de los que
amenazan o asesinan periodistas sino la complicidad de las oficinas políticas,
de seguridad, penales y de justicia que incumplen con la obligación legal de
investigar y exigir sanciones contra los que atentan contra la libertad de
expresión.
Hasta ahora, el compromiso gubernamental se agota en la
atención a posteriori de los periodistas agredidos; puede parecer hasta humor
negro otorgar a los periodistas chalecos antibalas, escoltas y cascos, en lugar
de castigar con severidad a los que atentan contra los periodistas con leyes,
castigos y arrestos más severos. Una ley que condene a prisión perpetua a
asesinos de periodistas puede inhibir ataques posteriores.
Las marchas y los gritos ayudan porque ponen nerviosos a los
funcionarios, pero hay que obligarlos a reformar leyes y protocolos para
proteger a periodistas en su labor cotidiana. Al poder le conviene una prensa temerosa
que se autocensura por miedo.
Política para dummies: La política es la mejor arma para combatir a la política.
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- Con la frialdad de la política, al PRI parece convenirle más este adelanto del 2018 que está presionando Andrés Manuel López Obrador porque lleva al desgaste a los apresurados. El tabasqueño se ha metido en más líos con su carrera adelantada. El esfuerzo físico de tantos meses de precampaña personal se advierte en su cansancio.
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