Carlos Ramírez.-
La otra paradoja que existe en la petición al Estado y a los
gobiernos de garantías de seguridad para el trabajo de la prensa independiente
y crítica radica en la evaluación que hizo la oficina Artículo 19: casi la
mitad de las agresiones contra periodistas ha sido por parte de funcionarios de
ese Estado y de esos gobiernos.
En el análisis de las mil 832 denuncias de agresión contra
periodistas, Artículo 19 encontró que el 47% señaló como responsables a
funcionarios y apenas 10.6% del crimen organizado; eso sí, las amenazas
criminales han derivado en mayores asesinatos.
Los trabajadores de la información han sido los más
atacados: el 61% de las agresiones fueron para reporteros, fotógrafos,
columnistas, caricaturistas, articulistas, conductores y corresponsales, es
decir, los que tienen contacto directo con los escenarios noticiosos.
De todos los casos que han denunciado a funcionarios como
agresores, ninguno ha sido ya no digamos castigado, cesado o reconvenido, sino
que ni siquiera ha sido investigado no sólo en función de la denuncia, sino en
su posible relación con bandas del crimen organizado o de la delincuencia
común.
La doble careta de funcionarios agresores de la prensa y
funcionarios responsables de los mecanismos de defensa de los periodistas
impide una investigación real de los casos. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, que debe encargarse de vigilar que los funcionarios públicos
cumplan con la ética del ejercicio del poder, carece de fuerza, de decisión y
de capacidad para denunciar a los funcionarios responsables de agresiones
contra trabajadores de la información.
Por eso hasta puede parecer kafkiana la exigencia de
periodistas al Estado y a los gobiernos de otorgar garantías a los informantes
que se dedican a denunciar a los funcionarios de esas instancias como
responsables de delitos o irregularidades. La fiscalía de la PGR para atender
agresiones contra periodistas parece salida de El Proceso, la novela inconclusa
de Kafka en la que hay delitos que no se conocen, investigaciones concluyentes
absurdas y tribunales invisibles. La fiscalía de la PGR ha sido tapadera de las
agresiones contra la prensa y la CNDH aparece inutilizada.
Las decisiones gubernamentales tomadas en la reunión del
miércoles 17 en Los Pinos no hicieron más que reiterar decisiones anteriores
que no se cumplieron. La ley para la protección de Defensores de Derechos
humanos y Periodistas se publicó el 25 de junio de 2012… y a la fecha las
agresiones han sido mayores. El Mecanismo de Protección se has reducido a
vigilancia. Y la fiscalía de la PGR ha resuelto apenas el 2% de los casos
denunciados.
La ineficacia del aparato de protección ha llevado a la
impunidad de los agresores de trabajadores de la información y a la larga, por
decisión o por omisión, forman parte de la complicidad de funcionarios con los
agresores de periodistas y de defensores de derechos humanos.
Y el problema real es otro: la inseguridad de los
periodistas para el desarrollo de su trabajo informativo es correlativo al
crecimiento de la inseguridad general de la república por un crimen organizado
que ya ha rebasado al Estado y a los gobiernos y que sólo tiene a las fuerzas
armadas como la última línea de defensa de la criminalidad en el campo de
batalla, pero sólo en los aspectos operativos porque carecen de una ley de
seguridad interior que aproveche su potencialidad estratégica.
La tarea de seguridad del Estado es primero hacia sí mismo.
Política para dummies: La política es tener claro el
panorama antes de actuar.
Sólo para sus ojos:
- Recuerde todos los días el programa “La Agenda” de Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno en la estación Éxtasis Digital en el 1530 de AM de la CDMX. El archivo de programas pasados en http://indicadorpolitico.mx y puede escucharlo en vivo por dispositivos móviles en cualquier parte del mundo a través de aplicaciones como TuneIn Radio o en www.extasisdigital.mx y www.laagendade.com. Y por Periscope en vivo y con imagen puede vernos en @carlosramirezh
- La batalla por el Estado de México va a fijar las reglas o las no-reglas electorales para las presidenciales. Y lo malo es que ya no hay tiempo para reformas de funcionalidad. De nueva cuenta el Instituto Nacional Electoral es rebasado en la parte que tiene que ver con aprovechamiento local para actos adelantados de campaña presidencial.
- Hay indicios de que el gobierno mexicano le está apostando a la destitución de Donald Trump y por eso ha retrasado decisiones, pero los datos indican que esos juicios en los EE.UU. duran años y hasta ahora no se ha destituido a ninguno.
http://indicadorpolitico.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh