DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo Martínez de Aguilar
Cuatro
años después que se liberara una orden de aprehensión en su contra y
cinco meses después que la Procuraduría General de la República (PGR)
ofreció 15 millones de pesos de recompensa por el exgobernador de
Tamaulipas Tomás Yarrington éste fue detenido en Italia.
Es
señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; se espera
que próximamente sea repatriado. En diciembre pasado el PRI, que le
llevó a ser gobernador de 1999 a 2004, le expulsó de sus filas.
La
Procuraduría General de la República buscaba al ex mandatario luego que
un juzgado de distrito con sede en Jalisco libró la orden de captura
por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La
detención de Tomás Yarrington sacará chispas porque la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) acusó
el 2 de agosto de 2012 a Tomás Yarrington de haber llegado a la
Gubernatura de Tamaulipas con el dinero del narcotráfico.
La
Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de
hasta 15 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información
“veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Tomás
Jesús Yarrington Ruvalcaba”, exgobernador de Tamaulipas, quien es
probable responsable de delitos contra la salud. La PGR publicó la
información sobre la recompensa en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), luego que “a pesar del amplio despliegue de elementos de la
Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de
aprehensión, aún no se ha logrado conocer el paradero del probable
responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de
mayor información que permita su localización”.
La detención de
Yarrington se suma a la del ex gobernador panista de Sonora Guillermo
Padrés Elías y su hijo Guillermo Padrés Dagnino y a la de Rodrigo Medina
de Nuevo León. Hay libradas órdenes de aprehensión contra los Duarte,
Javier de Veracruz y César de Chihuahua.
En tales condiciones,
pareciera que el PRI-gobierno finalmente llegó a la conclusión que la
única manera de mantenerse en el poder presidencial es escuchar y
atender el creciente reclamo de combatir la corrupción y meter a la
cárcel a los ex gobernadores corruptos del país.
Obligado es
preguntar, cuándo se procederá contra el ex gobernador oaxaqueño Gabino
Cué y su mafia de rateros, Jorge Castillo Díaz, José Zorrilla de San
Martín Diego, Germán Tenorio Vasconcelos, Netzahualcóyotl Salvatierra,
Alberto Vargas Varela y Carlos Alberto Moreno.
La mayor y mejor
estrategia para frenar a Manuel Andrés López Obrador (MALO) y el
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y evitar que siga haciendo
creer a los ingenuos y ambiciosos que tiene en la bolsa la presidencia,
es meter a la cárcel a los corruptos.
“La detención de Yarrington
se logró con motivo de la ficha roja solicitada a la Interpol por
contar con una orden de Aprehensión librada por el Juzgado Segundo de
Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, por los delitos
de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia
ilícita, entre otros”, detalló la PGR, en un comunicado.
Yarrington es señalado por haber recibido sobornos por parte del Cártel del Golfo y Los Zetas.
De
acuerdo con reportes de inteligencia, el exfuncionario señalado por
delitos contra la salud gozaba de la protección de al menos ocho
policías ministeriales de Tamaulipas. En el año 2012, Tomás Yarrington
fue acusado por fiscales federales de Estados Unidos de aceptar millones
de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invertir el
dinero en bienes raíces en Texas. Tras estas acusaciones, los fiscales
estadounidenses presentaron dos solicitudes de confiscación de
propiedades.
Yarrington utilizó a varios prestanombres y negocios
para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante
varios mecanismos de lavado de dinero”, según los documentos
interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscación fue
presentado en San Antonio.
El delito que le atribuyen a
Yarrington es calificado como grave, lo que le imposibilitaría obtener
un amparo para impedir su aprehensión.
Según fuentes federales,
la acusación contra Yarrington se basa en las afirmaciones de los
testigos protegidos “Ángeles”, “Óscar” y “Pitufo”, así como en las
declaraciones de uno de sus ex administradores de bienes cuyo paradero y
estatus legal se desconocen.
El ‘caso Yarrington’ comenzó el 23
de mayo de 2012, cuando fiscales federales de Estados Unidos acusaron al
ex gobernador de Tamaulipas de aceptar millones de dólares en sobornos
de los cárteles del narcotráfico e invertir el dinero en bienes raíces
en Texas. Tras estas acusaciones, los fiscales estadounidenses
presentaron dos solicitudes de confiscación de propiedades.
Yarrington
utilizó a varios prestanombres y negocios para “convertirse en un gran
inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de
dinero”, según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro
caso de confiscación fue presentado en San
Asimismo, la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) acusó el 2 de agosto de 2012 a Tomás Yarrington de
haber llegado a la Gubernatura de Tamaulipas con el dinero del
narcotráfico.
En 1998, el priista encargó a su entonces
secretario de organización política, Jesús Vega Sánchez -ex líder
estatal del PRI hoy fallecido-, sostener reuniones con miembros del
crimen organizado para recabar fondos para su campaña electoral, según
la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.
El pasado 23 de agosto
de 2012, y de acuerdo con una información publicada por diario La
Jornada, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba
negoció su ingreso al programa de testigos protegidos del gobierno de
Estados Unidos; funcionarios mexicanos que participan en el gabinete de
seguridad nacional revelaron que mandos de la Procuraduría General de la
República (PGR) ya han sido informados de los encuentros que han
sostenido autoridades de aquel país con representantes del ex
mandatario.
En febrero de este año, Animal Político publicó una
entrevista exclusiva con Tomás Yarrington, en la que el ex gobernador
señalaba que no estaba “desaparecido ni tampoco detenido y, mucho
menos, prófugo de la justicia”.
En aquella entrevista, Yarrington
también acotaba que “si en verdad la DEA tuviera algo en mi contra, ya
me hubiesen agarrado. Si el gobierno norteamericano localizó a Bin
Laden, imaginen lo que me sucedería a mí”.
