Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal, señaló que el retraso en la aprobación de la ley de seguridad interior se encuentra en análisis al igual que los pendientes en el Congreso Federal como el desahogo de  leyes en materia de equidad de género y normas que regulen el combate a la corrupción.

Entrevistada en el marco del informe de los 100 días de gobierno de Alejandro Murat en Oaxaca, la legisladora priista aclaró que  el impulso de la ley que regule el actuar del ejército mexicano en el combate al crimen organizado puede  esperar, toda vez que se ha actuado de esa manera durante mucho tiempo.

Refrió que el freno en la discusión de la ley de seguridad interior se debió a diferentes puntos de vista  porque es un tema muy complejo. Recordó que este tema se discute desde 2010 cuando ella laboraba en el senado de la república.

Aseguró que como legisladores buscan el espacio para discutir este tema “…estoy segura que pronto veremos avances…”

“…(la ley) Se entiende de manera muy distinta, hay quienes quieren ver un riesgo en el actuar de las fuerzas armadas; hay quienes quieren ver la necesidad de poner ciertos límites más precisos al actuar de las fuerzas armadas…”  

Descartó la intervención de tropas extranjeras para combatir a los cárteles de la droga por la falta de reglamento del actuar del Ejército Mexicano “…Eso es otra cosa…” atajó.

Enfatizó: “…Esto no tiene nada que ver con Trump, se trata de un marco jurídico para que las fuerzas armadas coadyuven en la seguridad interior del país…”  

Calculó que el tema se retome en este periodo de sesiones.

Al referirle que actualmente el ejército actúa sin normatividad aseveró: “…venimos actuando así desde hace mucho tiempo ciertamente y son ellos los primeros en pedir que se fije un marco legal, que les de (sic) certidumbre a su actuar…”, finalizó.

En este sentido, el periodista Carlos Ramírez, ha sostenido que como en política todo se mueve en el mundo de las distracciones, la amenaza del presidente Trump de enviar militares estadunidenses a confrontar a los cárteles del crimen organizados tuvo como escenario el repliegue de las fuerzas armadas mexicanas por la negativa institucional a aprobar una ley de seguridad interior.

Aseveró que el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles por la congelación de la ley de seguridad interior dejaría las plazas sin control —Sinaloa, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y avance en otras— y con las fuerzas policiacas rebasadas. Ahí es donde se localiza el aviso hecho por Trump en la conversación telefónica con el presidente Peña Nieto: si no pueden ustedes con sus militares, mando a los míos.

El asunto se complica más cuando el equipo de seguridad nacional de Trump está militarizado —con el silencio cómplice de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros organismos que acosan a México por el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior bastante asociadas a la seguridad nacional— y, peor aún, está formado por expertos en guerra contrainsurgente, es decir, acciones militares letales a través de comandos especiales.

Más que el temor a una ley que regularice jurídicamente la participación de las fuerzas armadas en la tarea interior de la seguridad nacional amenazada por cárteles transnacionales, el rechazo a legislarla nada tiene que ver con temas de derechos humanos o exceso en la fuerza letal, sino en lo que dijo claramente el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, en la ceremonia en Puebla del Día del Ejército, ante representantes de todas las instituciones del Estado:

“La iniciativa (…) debe de contener un concepto multidimensional, que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y, nuevamente, gradualidad; es decir, no debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas. Esperamos que sea una ley que fortalezca, precisamente, al Estado mexicano. Una ley que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer. Que los gobiernos Federal, estatales y municipales, se responsabilicen y rindan cuentas”.


La seguridad pública por el activismo de los cárteles transnacionales se convierte en seguridad interior porque atenta contra las estructuras del Estado y por el intervencionismo de la administración Trump escala posiciones hasta llegar a seguridad nacional. Este sendero de seguridad ha sido ignorado por legisladores.