DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo Martínez de Aguilar
En medio del colapso económico, político
y social, heredado por Gabino Cué y su mafia de rateros a su sucesor, Alejandro
Murat, resulta harto alentador que, por primera vez, el gabinete legal del
Ejecutivo presente su declaración 3 de 3, fiscal, patrimonial y de conflicto de
intereses.
Sin ser agorero del desastre, sino por el
contrario sumamente optimista en cuanto a ser realista informado, en un ejercicio
de creación de escenarios futuros podemos adelantar que la presentación de la
declaración 3de3 no basta, porque persiste la opacidad en los funcionarios.
Para los servidores públicos es muy
fácil, simple y sencillo, refugiarse en el eufemismo legaloide de la reserva
por razones de seguridad personal y familiar, para no ocultar gran parte de su
fortuna, las más de las veces mal habida. ¡Quien hace la Ley hace la trampa!
O de qué otra manera explicar que
instalados como altos servidores públicos algunos de los colaboradores más
cercanos del gobernador Alejandro Murat inauguren negocios familiares con
cuantiosas inversiones, cuyo origen jamás se conocerá por la opacidad que les
rodea.
Para combatir la corrupción a fondo, es
innegable que la 3d3 es uno de los primeros pasos positivos en el largo camino
que espera a los ciudadanos de México en general y en particular a México en el
anhelado reclamo en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Del politólogo argentino Guillermo
O’Donnell aprendimos que, hoy en día, la calidad de los regímenes democráticos
en el mundo occidental se mide, entre otros indicadores, por el grado de
Transparencia y Rendición de Cuentas con que cuenten como estados nacionales.
Arribar a este deseable estadío
político-social requiere de manera indispensable pasar de la simple democracia
representativa y delegativa a la democracia participativa como parte sustancial
de la normalidad democrática, meta todavía muy lejana en el horizonte de
México.
Lamentable y dolorosamente, mientras no
se termine la impunidad que garantizan las amplísimas redes de complicidad de
los grupos políticos a nivel nacional, no se logrará abatir la escandalosa
corrupción que pudre a la nación. En Oaxaca el peculado dejó de ser delito
grave.
Por otro lado, han empezado a circular en
las redes sociales insistentes versiones que los diputados de la LXIII
Legislatura del Congreso del Estado perdonarán a Gabino Cué y acordarán
declarar improcedente el Juicio Político demandado en su contra por Benjamín
Robles.
Asimismo,
O’Donnell se refirió a las llamadas "zonas marrones", donde la
legalidad estatal se ha evaporado y rige una legalidad mafiosa en la que sólo
queda perversamente un Estado, a través de los fondos públicos o los uniformes.
El Estado pierde entonces su carácter público, aparece con una cara mafiosa y
su credibilidad se reduce a cero.
Prueba de ello, el Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO) ubica a Oaxaca dentro de los estados que
presentan rezagos en la aprobación del Sistema Local Anticorrupción, a 4 meses
de que venza la fecha límite para ponerlo en marcha el próximo 18 de
julio.
Mediante su programa Semáforo Anticorrupción ubica al estado
de Oaxaca dentro de las 23 entidades federativas con problemas o retrasos para
su instrumentación, entre estos, Tabasco, Tamaulipas, Durango, Guerrero,
Campeche y Coahuila.
Y es que el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) se creó con la reforma constitucional de 2015, el cual
compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
Rezago que pretende subsanar la Agenda Común Legislativa del Congreso del
Estado
Éstos deben respetar el modelo federal de
distribución de competencias y deben de contar con una estructura y facultades
equivalentes al del SNA que tendrá las mismas funciones y facultades.
El “Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas
Locales Anticorrupción” es un parámetro de evaluación de la reforma
constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su
implementación.
La herramienta documenta y estudia la calidad de la
actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y
las agendas legislativas locales, en donde Oaxaca todavía no avanza.
El IMCO expone que los Sistemas
Locales Anticorrupción necesitan una base sólida desde las constituciones
locales y tienen para su implementación hasta el 18 de julio de este año.
Solo 10 estados tienen una reforma constitucional
satisfactoria, mientras que nueve aún no cuentan con reforma constitucional,
mientras que solo dos estados –Baja California Sur y Querétaro–
contemplan que su Entidad Superior de Fiscalización sea la que sancione las
faltas administrativas no graves, expone el organismo civil.
Advierte que Morelos, es el estado con el riesgo de
inconstitucionalidad más alto de todos, dado que el CPC lo elige el congreso
del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al
modelo de elección impuesto por el SNA.
De
la misma forma, el Semáforo Anticorrupción indica que Chiapas y Nayarit cuentan
con una Ley del Sistema Local Anticorrupción satisfactoria, mientras que 24
entidades aún no cuentan con ella.
De acuerdo a lo establecido por el Jefe del Ejecutivo del
Estado, Alejandro Murat Hinojosa, el total del Gabinete legal que conforma su
estructura de gobierno ha cumplido a esta fecha, dentro del plazo conferido de
90 días, con su declaración patrimonial dentro de la plataforma denominada 3 de
3., programa que incluye no solo la declaración patrimonial como tal, sino la
de conflicto de intereses y la fiscal.
Este 28 de febrero en que se cumplió el plazo comprometido por
el mandatario al inicio de su administración, el Secretario de la Contraloría
del Estado, José Ángel Díaz Navarro, lo confirmó, la totalidad de los titulares
del gabinete legal cumplió con la directriz, y recordó que esta acción de
transparencia y legalidad fue uno de los compromisos de la campaña del actual
Gobierno.
Enseguida, subrayó como relevante informar que el portal que
concentra toda la información, es totalmente ajeno al control administrativo del
Estado de Oaxaca, por lo que los procedimientos, formatos, y protocolos que
determinan el tiempo y forma en que se publica la información, dependen
enteramente de dicha plataforma., es decir, una vez presentadas las
declaraciones, pasan por filtros exhaustivos que observan cada rubro, por lo
tanto, los tiempos de la publicación de la información quedan supeditados a
dicho sistema.
La ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Oaxaca, establece claramente quienes son los sujetos
obligados a presentar su declaración patrimonial; dentro del marco de
transparencia y rendición de cuentas, el Gobernador ha instruido al gabinete
legal ampliar el alcance de esta obligación y abarcar no solo la declaración
patrimonial, sino la de conflicto de intereses y la fiscal.
Lo anterior en aras de lograr la máxima transparencia posible en
nuestro Estado y en nuestro País, misma que es posible dentro de la plataforma
denominada 3 de 3.
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