Frenan ingreso de Partido Comunista Chino en Florida

La administración republicana quiere prohibir que China compre campos y fábricas en Florida, evitando así la penetración del Partido Comunista en el estado.

Según un reporte de Florida’s Voice, el gobernador republicano Ron DeSantis está preparando un proyecto de ley para prohibir que las empresas chinas vinculadas al Partido Comunista de Xi Jinping adquieran propiedad y se instalen en el estado de Florida.

De esta manera, se busca evitar que el Partido Comunista Chino (PCCh) penetre en el estado de Florida a través de la compra indiscriminada de tierras, una práctica que está llevando a cabo en otros estados.

Ron DeSantis

El gobernador también quiere que se proponga una legislación para la primera sesión legislativa de 2023 que prohíba a las entidades gubernamentales celebrar contratos con empresas vinculadas al régimen chino.

DeSantis no es el primero en impulsar medidas con este objetivo. La gobernadora Kristi Noem, del estado de Dakota del Sur, anunció en diciembre la creación del “Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos – Dakota del Sur” (“CFIUS-SD”), que tendría el poder de rechazar a cualquier inversor extranjera que quiera comprar terrenos en el estado.

Según la mandataria republicana, China había iniciado una masiva compra de campos en el estado y estaba creando un monopolio que respondería directamente a los intereses del Partido Comunista con sede en Beijing.

Esta no es el primer paquete de medidas que busca implementar Ron DeSantis para frenar la influencia del Partido Comunista Chino en Florida. El 22 de septiembre del año pasado, en un acto nombrado “Stop CCP“, DeSantis anunció la firma de una orden ejecutiva para prohibir los vínculos entre el gobierno de Florida (y todos sus contratistas privados) y el PCCh.

El gobernador firmó en septiembre una orden ejecutiva para evitar que la información privada de los floridenses llegue a las manos de regímenes como el del Partido Comunista de China. En el decreto, DeSantis prohibió a las entidades del gobierno estatal adquirir productos y servicios tecnológicos de empresas que sean propiedad y estén controladas por China, y otros países como Irán, Rusia y Cuba.

También prohibió que los empleados gubernamentales instalen la aplicación Tik Tok en sus teléfonos oficiales, después de un informe del Senado que revela cómo la plataforma de videos de ByteDance tiene código malicioso que sustrae datos privados y los envía a servidores en China.