Gerardo Rivadeneira
A pesar de que José Antonio Marín y Víctor Manuel
Velázquez tomaron de forma ilegal La Cooperativa La Cruz, señalando graves
irregularidades de la anterior administración y prometiendo acabar con la
corrupción y la impunidad, ahora -paradójicamente- están en el ojo del huracán;
fueron denunciados por delincuencia organizada y por haber sido omisos al participar
también antes en la administración y no impedir esas prácticas ilegales.
Según la denuncia penal interpuesta esta semana, Marín y Velázquez -a la cabeza de un grupo de 11 miembros que tienen el control de la Cooperativa- están siendo investigados por haber creado un esquema de delincuencia organizada en el que de manera directa o en complicidad, se beneficiaron y lavaron dinero, advierte la publicación Eje Central.
Se conoce que Marín y Velázquez -actuales presidentes de los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa, respectivamente- están bajo investigación desde el año pasado, una vez que se detectó que construyeron una administración fraudulenta destinada a extraer y apropiarse de los recursos de los cooperativistas.
A Marín y Velázquez, entre otros, también se les acusa de haber sido omisos. Tras haber declarado y denunciado prácticas ilegales de la anterior administración, se asienta, que Marín en su calidad de presidente del Consejo de Administración y de Vigilancia, en los periodos 2010-2012 y 2013-2015; y 2015-2018, respectivamente, consintió o toleró la realización de operaciones financieras irregulares.
A Velázquez también se le imputan las mismas omisiones al ser director comercial de la Cooperativa de 2014 a 2018.
De confirmarse esta situación y con el propósito de impedir que los cooperativistas sigan perdiendo su patrimonio, la infraestructura y los recursos con los que cuenta La Cruz Azul, podrían ser asegurados en los próximos días.
Vaya final les espera a Marín, Velázquez y compañía. De perseguidores a perseguidos. Los que enarbolaban un discurso anticorrupción, ahora han sido sentados en el banquillo de los acusados. Se llenaron la boca denunciando fraudes e ilegalidades y terminaron haciendo lo mismo, o quizá, nunca lo dejaron de hacer. Por lo pronto lo que se impone es proteger el patrimonio de muchos años de cientos de cooperativistas. Eso es lo que de verdad urge.
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