Columna: Serpientes y Escaleras
Por: Salvador García Soto
En los siguientes dos días confluyen en el Poder Judicial de la
Federación dos asuntos sobre los que deberán pronunciarse ministros y
magistrados electorales, cuyas decisiones mayoritarias tendrán un impacto
indiscutible en la vida política y democrática del país. Por un lado, en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy se somete a discusión y votación la
Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes de la República, que propone y
promueve el presidente López Obrador, y por el otro lado en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vota mañana viernes
si se da o no la razón a los nuevos partidos políticos a los que el INE les
negó el registro, en particular el de Margarita Zavala y Felipe
Calderón.
En el primer caso, la decisión que tomará la Corte sobre si la consulta
solicitada por el Senado de la República a petición del presidente, definirá si
ese ejercicio es o no constitucional y si la pregunta con la que se pretende
consultar a los mexicanos se apega también a la Carta Magna. El
sentido del voto mayoritario de los ministros será un buen referente para
conocer qué tanto grado de autonomía mantiene aún el Poder Judicial con
respecto del Poder Ejecutivo, pues un sector importante de los juristas y
especialistas en derecho constitucional consideran que un ejercicio de consulta
para enjuiciar a los expresidentes de la República no sólo es innecesario desde
el punto de vista jurídico, porque se les podría enjuiciar sin consulta, sino
que además plantea una violación a las garantías individuales de los
exmandatarios.
Si la mayoría de los
ministros decide declarar constitucional la Consulta y la pregunta de López
Obrador, estarán validando y apoyando una maniobra que, más que jurídica o
constitucional es política y que tiene un cálculo eminentemente político y
electoral, puesto que sin ninguna duda la mayoría de la población se pronuncia
a favor de que se enjuicie a cualquier político, pero especialmente a los
expresidentes de la República, figuras hasta ahora intocables y que, en el
imaginario colectivo simbolizan la máxima representación del abuso de poder y
la corrupción que hemos padecido históricamente los mexicanos.
Para decirlo claramente: si la Corte le da por mayoría luz verde a
la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes,
estarían mandando una señal de respaldo al presidente y a su política de
maniobras y ocurrencias políticas con las que busca mantener el apoyo y la
simpatía popular. Un voto mayoritario de los ministros en ese sentido, sería un
guiño al inquilino de Palacio Nacional, quien además ha estado mandando
mensajes de presión a la Corte, diciendo que tienen “que votar en conciencia” y
que si rechazan la Consulta “ellos tendrán que asumir las consecuencias”.
Por otro lado,
declarar inconstitucional el ejercicio que propone el presidente mandaría una
señal de que aún con la influencia innegable que ha logrado con los ministros
que ha propuesto y que han sido electos por el Senado y con la cercanía y
simpatía que ha mostrado el actual ministro presidente Arturo Zaldívar hacia el
proyecto de la 4T, López Obrador no tiene el control total del Poder Judicial y
la Corte y sus demás instancias, aún representan un contrapeso real para un
Ejecutivo cada vez más empoderado y con actitudes de avasallamiento al resto de
los poderes y contrapesos autónomos del sistema político mexicano. De ese
tamaño es la decisión que hoy tomarán los ministros y que nos permitirá saber
si le queda aún algo de autonomía al Poder Judicial.
En el caso de los
magistrados electorales, entre los asuntos que se definen en su sesión privada
de mañana están las impugnaciones presentadas por el partido México Libre en
contra de la decisión del INE de negarle el registro por presuntos
financiamientos no identificados. La votación de los siete magistrados
determinará si la corriente política de oposición al actual gobierno, que
encabezan el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala podrá o
no obtener el registro oficial para participar en las elecciones parlamentarias
de 2021.
Para nadie es secreto
y tampoco para los ministros la enorme rivalidad política existente entre el
matrimonio Calderón y López Obrador, el cual quedó plenamente manifiesto en los
comentarios de burla y sarcasmo que utilizó el presidente para referirse a la
negativa del registro que dio el INE a México Libre. Hoy será interesante ver
en qué sentido votan los magistrados electorales y con qué argumentos rechazan
o validan la constitución del partido político del calderonismo y si el mayor
adversario político del actual gobierno podrá o no estar en las boletas electorales
del 2021.
Durante décadas,
sobre todo en el viejo régimen priista, el Poder Judicial de la Federación
estuvo sometido y subyugado a los designios de los presidentes en turno; la
cosa no cambió mucho en los dos sexenios del PAN, aunque los ministros y la
Corte adquirieron tanta relevancia en la vida pública en los últimos años, que
por momentos se permitieron hacer sentir su fuerza e independencia como un
poder real del Estado mexicano. Hoy en la 4T no queda claro todavía si el
presidente López Obrador ha logrado, como lo ha hecho ya con muchos de los
poderes autónomos, someter y controlar a la Suprema Corte o si los ministros
reivindican con hechos, y no solo con discursos, su independencia. Y la
votación de este jueves será un buen referente para saber la respuesta a esa
incógnita.
NOTAS INDISCRETAS…
De todo lo que dijo
ayer el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera, sobre el caso del
nombramiento ilegal de la embajadora Luz Elena Baños como embajadora eminente,
la mayor parte son mentiras. El canciller afirmó que el nombramiento “nunca se
le notificó” a la diplomática. Y en esta columna publicamos desde el pasado 19
de septiembre, el oficio DSE/DG/0327/2020 de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, fechado el 28 de agosto pasado, en el que claramente le informan a
Luz Elena Baños Rivas, representante de México ante la OEA que “se le otorga el
nombramiento como Embajadora Eminente, con efectos retroactivos al 10 de julio
de 2020”. En el oficio, del que esta columna tiene copia, y que firma Moisés
Poblano, director General del Servicio Exterior y Recursos Humanos de la
cancillería, se dice textual que “por acuerdo del Presidente de la República y
de conformidad con lo establecido en los artículos 24 de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano y el 133 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano” se le concedió ese nombramiento por el cual incluso la felicita en el
mismo oficio el funcionario que la notifica oficialmente. Luego el canciller
dijo que “no se suspendió” ese nombramiento, y también en la misma fecha
publicamos el correo electrónico, del cual también tenemos copia, en el que la
misma Dirección del Servicio Exterior Mexicano y Recursos Humanos, les pide a
diversas áreas de la SRE que suspendan los efectos del mencionado oficio
DSE/DG/0327/2020. El correo dice textual: “PARA CONOCIMIENTO// COPIA PARA
CONOCIMIENTO DEL OFICIO DSE/DG/0327/2020: “Se agradecerá hacer caso omiso de
esta comunicación y suspender los efectos conducentes del oficio enviado”. Y
entonces canciller, ¿cómo que no se suspendió ni se notificó el nombramiento
ilegal de la embajadora Baños? Porque al final eso es lo más delicado de lo que
ayer dijo el canciller enfrente del presidente: que el nombramiento de Luz
Elena Baños, que no cumple con la Ley del SEM que en su artículo 22 establece
que sólo podrán recibir ese nombramiento “aquellas personas que tengan una
antigüedad mínima de 10 años como embajadores”. Y la diplomática Baños fue
nombrada embajadora en 2018, aun cuando tenga, como dijo Marcelo, 48 años de trayectoria
en el Servicio Exterior Mexicano y de que sea mujer y se quiera impulsar a más
mujeres a esos cargos por un asunto de equidad de género que invocó el
funcionario. Todo eso está muy bien, pero mientras las leyes no cambien o no se
modifiquen, al canciller, por muy poderoso que sea en este gobierno, solo le
quedan dos formas de validar un nombramiento ilegal como el que le hizo firmar
al presidente: o manda una iniciativa para cambiar la ley al Congreso o busca
embajadoras mujeres, que las hay, con 10 años de antigüedad para darles el
nombramiento de “eminente”. A Marcelo Ebrard le han dado muchas facultades en
esta administración porque sin duda es un político capaz e inteligente, pero ni
el presidente que tanta confianza le tiene, le puede dar la facultad de
“interpretar la ley”, solo de respetarla… Si las cosas ya estaban candentes en
Morena, por su complicado proceso de elección interna y sus aguerridas tribus y
corrientes, ahora que el INE decidió que sólo 5 de 46 candidatos a la
Presidencia del partido, y 13 de 54 aspirantes a la Secretaría General van a
ser encuestados para determinar quién de ellos llega a cada una de las
posiciones, la cosa morenista se pondrá peor. Y es que la decisión de los
consejeros electorales, que partió del criterio de que sólo debían participar
en la elección los que resultaron mejor posicionados en la encuesta de
conocimiento previa que mandó a hacer el INE, no le va a gustar a muchos de los
que fueron eliminados, entre los que se encuentran dos aspirantes muy mediáticos
como Gibrán Ramírez y Antonio Attolini, aspirantes a la presidencia y la
secretaría general respectivamente. Según el criterio del INE, que atendió
también las opiniones de las tres encuestadoras que van a levantar la encuesta
nacional para elegir a los dirigentes, solo 5 aspirantes serán encuestados para
presidente: Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Adriana
Menéndez e Hilda Mirna Díaz Caballero. Para la secretaría general, son 13 los
candidatos que aparecerán en la encuesta 9 mujeres y 4 hombres, entre los que
destacan Citlalli Hernández, Karla Díaz, Paola Gutiérrez, Blanca Jiménez,
Emilio Ulloa, Francisco Aurioles, entre otros. Lo dicho, en Morena ya había
muchos problemas. Hoy se vienen más…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
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