Raymundo Rivapalacio.-
Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, no es más
torpe porque el día no tiene más horas, ni luce más ignorante, porque prefiere
guardar silencio. Su desgracia es que encabeza el estado más violento del país,
y la desgracia es que es protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador,
que pagó la confianza y el respaldo que le ha dado, con el escarnio masivo de
las redes sociales. El gobernador le dijo al presidente una mentira sobre la
masacre del martes en Coatzacoalcos, y el presidente la repitió al país desde
Palacio Nacional. Algo tiene que hacerse con el gobernador, por su incapacidad
de mando, falta de liderazgo, incompetencia como político, y lastre para López
Obrador. Pensar en un proceso de destitución en el Congreso, debe ser una
opción.
Veracruz necesita de un gobernador que gobierne. Requiere
de un líder que tenga a su equipo cohesionado, y no como sucede ahora, en pugna
permanente con el fiscal Jorge Winkler, que se ha trasladado a la falta de
colaboración entre él y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez
Maldonado, a quien ha sostenido el gobernador, respaldado por el presidente,
pese a haber sido destituido en 2016 en la procuraduría de Nuevo León por
presunta extorsión. El dislocamiento del gobierno tiene a la violencia como su
principal externalidad.
Es insólito que un estado donde la seguridad es la
prioridad máxima, el gabinete de seguridad esté peleado entre sí, al grado de
no hablarse entre ellos. Veracruz arrastra la violencia desde los gobiernos de
Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, pero se volvió campo de batalla entre el
Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas desde diciembre pasado,
coincidiendo con la llegada de García al poder.
Regresaron las matanzas, primero en Minatitlán, donde 14
personas -incluido un bebé- fueron asesinadas en abril, y el martes en
Coatzacoalcos, donde hasta hoy suman 26 víctimas de un atentado en un table
dance donde un grupo armado presuntamente vinculado al CJNG tiró granadas,
incendió la puerta y bloqueó las salidas de emergencia. En delitos de alto
impacto como secuestro y robo con violencia, Veracruz está en los peores
lugares del país.
Según la consultora GLAC, en el primer semestre de este
año Veracruz estaba en el último lugar de secuestros; hasta abril, la tasa por
100 mil habitantes era de 1.87 secuestros, contra la media nacional de 0.45. La
incidencia delictiva se incrementó este año en 122%, y la gestión de García ha
sido tan ineficiente, que la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo
Coordinador Empresarial locales, propusieron un juicio político contra él y el
alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, impuesto por la secretaria de
Energía, Rocío Nahle, que presume tener el control de ese municipio.
El descontrol que tiene el gobernador en el estado no
puede ser escondido por los esfuerzos presidenciales en la comunicación
política. Ni siquiera en ese campo pudo ser capaz García, y proporcionarle
información fidedigna a López Obrador sobre lo que sucedió en Coatzacoalcos la
víspera. En su conferencia de prensa, el presidente aseguró que el presunto
autor material de la masacre había sido puesto en libertad por la Fiscalía de
Winkler. Documentos que se hicieron públicos casi inmediatamente después de la
afirmación del presidente, revelaron que fue la Fiscalía General la que puso en
libertad al presunto asesino porque los delitos por los que lo habían detenido
no eran graves, sin verificar sus antecedentes.
Esa falla en el área de inteligencia y la ausencia de una
verificación en las bases de datos policiales, devolvió en la calle a quien
presuntamente provocó la muerte de decenas de personas, como aparente
represalia porque en ese bar de mala muerte en Coatzacoalcos, “Caballo Blanco”,
no vendían productos con el sello del CJNG. Cuatro días antes, el 24, de
acuerdo con el portal e-veracruz.mx, el mismo grupo privó de su libertad y
asesinó a Agustín Javier Ronson, junto con otra persona, por esa razón. Un
dramático video sobre su asesinato, por ahorcamiento, comenzó a circular desde
este miércoles en las redes sociales.
Tras el secuestro del dueño del “Caballo Blanco”, la
Marina detuvo en Coatzacoalcos a uno de los líderes del CJNG. Cualquiera con un
mínimo de conocimiento de los grupos criminales, podría haber visto que la suma
de los dos eventos anticipaba que habría una reacción criminal. Eso fue lo que
sucedió el martes. El CJNG volvió a dar una muestra de fuerza y poder frente al
Estado y el estado. Fue en Coatzacoalcos, donde el deterioro ha sido continuo
desde diciembre y que junto al cercano Minatitlán, la zona petrolera, se ha
vuelto en campo de batalla de los cárteles de la droga.
El estado es ingobernable. Los empresarios han emprendido
el éxodo, los robos a la industria se multiplican. Sólo en Coatzacoalcos, de
acuerdo con la ONG Ciudadanos Unidos, hasta junio había desaparecido entre el
30 y el 40% del sector productivo, ante la exigencia del derecho de piso.
García no ha hecho nada para frenar el éxodo empresarial. Tampoco los cuerpos
de seguridad vislumbraron el riesgo de lo que se venía acumulando.
La violencia se ha extendido, y la procuración de
justicia es inexistente. El gobernador, protegido por el presidente. García se
ha convertido en un lastre para López Obrador y lo está arrastrando
políticamente. Tiene que sacudírselo. Ese pie con gangrena le va a subir por el
cuerpo a menos que se lo corte. Tener un pelele en un estado problemático no le
funcionó, pero es mejor pagar el costo que el Congreso, dominado por Morena, lo
lleve a juicio político y lo destituya, a que siga contaminando la cruzada de
López Obrador.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
