Ciudad de México (La Jornada). Organizaciones civiles opositoras a la
minería exigieron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cancele todas
las concesiones que hoy existen para dicha actividad, por los graves daños
socioambientales que han generado en todo el país, y cree una comisión de la
verdad para esclarecer y castigar las atrocidades cometidas por las empresas
mineras tanto nacionales como extranjeras.
En el contexto del Día Mundial contra la megaminería a cielo
abierto —que se conmemora el próximo 22 de julio—, activistas de diversas
organizaciones lamentaron que desde 1992 se haya declarado a la explotación de
minas como una actividad económica “preferente”, lo que ha generado que los
sucesivos gobiernos del país hayan otorgado un gran número de concesiones, sin
tomar en cuenta la oposición de las comunidades donde se asientan e incluso
utilizando la violencia contra ellas.
Por lo anterior, demandaron que el gobierno entrante debe
prohibir que las empresas mineras que ya están en operación sigan contaminando,
y que quienes lo han hecho, reparen los daños ocasionados.
Asimismo, le exigieron cancelar de forma inmediata la
aprobación de nuevos permisos de explotación minera y que abandone la discusión
sobre la forma en que se realizan las consultas a los pueblos sobre este tema,
pues consideraron que este recurso no ha servido para frenar realmente a las
minas. Los llamados “proyectos de muerte”, dijeron, simplemente deben ser
prohibidos de forma tajante.
En el mismo sentido, las organizaciones advirtieron que
seguirán luchando por las vías legales y constitucionales, llamaron al nuevo
gobierno a asumir prácticas de una verdadera democracia participativa y a
recuperar la soberanía nacional, poniendo freno a la intervención de más
empresas extranjeras, particularmente las canadienses.
Los luchadores sociales recalcaron la necesidad de crear una
comisión de la verdad para saber con detalle cuáles han sido los daños
provocados por las empresas mineras y castigar a los responsables, y anunciaron
la realización de la segunda Caravana por la vida y en defensa del territorio,
este domingo 22 de julio, del zócalo de Cuernavaca a la comunidad de Cuentepec.
La movilización pasará en el camino por ocho pueblos que están en posible
riesgo por la instalación de proyectos mineros.
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