Raymundo Rivapalacio.-
Le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24
de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero,
oficiaba una misa privada. Unos matones bajo las órdenes del mayor Roberto
D’Aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido
conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado
por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las
élites a los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su
asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron
cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de
derechos humanos y políticos. Todo aquello que significaba peligro para la
Junta Militar, fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para
organizar y recursos persuasivos, sobrevivió. La dictadura no permitía
desafíos.
Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en
América Central donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en
las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por
D’Aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar. El método
de descabezar a quienes mejor preparación tenía y mayor capacidad intelectual mostraban,
se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los
primeros en caer. Siguió Honduras, donde como en El Salvador y Guatemala, la
verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo
arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.
Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la
realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de ejecentral,
durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el
número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de
administración, sintetizó la reportera Bet-biraí Nieto Morales, se cometieron
261 asesinatos: 17 contra sacerdotes,
123 contra líderes sociales —en su mayoría relacionados con la defensa de los
derechos humanos—, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.
A diferencia de lo
que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas
fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los
ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde
el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio.
En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la
región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones
gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de
organizaciones criminales”. ejecentral citó el informe “La Violencia de las
Drogas en México”, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San
Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus
familiares se usaron métodos del crimen organizada, que repercute en el aspecto
social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso
democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin
embargo, el más afectado.
Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo
con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico
Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente
ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada
indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde
prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto
Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en
las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los
ataques en su contra generan temor entre los pobladores. En el caso de los
periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor
diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen
incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que
sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los
abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las
agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo
226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de
los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos
criminales contra periodistas disminuyeron 51.43%, mientras que la de los
gobiernos, se incrementó 37% (para un total de 53%) con respecto a 2015.
“Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes
llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los
ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de
crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123
en este sexenio”, indicó la reportera Nieto Morales. “Es decir, desde diciembre
de 2012 hasta la actualidad, han sido asesinados cada mes dos líderes en
promedio en el territorio nacional”. La numeralia de la muerte en México de
quienes piensan, hacen y organizan, son un mal presagio, si se recuerdan las
experiencias en América Central.
Ocho meses después del asesinato de monseñor Romero, seis
líderes políticos del Frente Democrático Revolucionario, una organización
paraguas que representaba a los diferentes sectores de la sociedad, fueron
secuestrados, torturados y asesinados en San Salvador. La historia de ese país
comenzó a reescribirse con la partición de ese pequeño país que se vio inmerso
en una interminable guerra civil. Ese momento de inflexión no se necesita en
México. El conflicto interno se vive todos los días, sin que nos demos cuenta
del ecosistema mortal en el respiramos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa