Raymundo Rivapalacio.-
Despejada la tolvanera que dejó la captura de Dámaso López,
el sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del Cártel del Pacífico, lo que
no está nada claro es porqué y de parte de quién fue la detención. Perseguido
por Estados Unidos desde enero de 2013, no había una preocupación similar en
México, aunque aparece en la lista de los 17 objetivos del narcotráfico –de un
total de 122- que todavía faltan por detener. El silencio de las autoridades
mexicanas no ayuda a disipar las dudas, ni resuelve preguntas fundamentales:
¿realmente quería detenerlo el gobierno mexicano? ¿había una investigación en
su contra? ¿se le detuvo por presión de Estados Unidos? Por el contrario, sus
declaraciones fragmentadas, junto sus temores de comparecer ante la prensa, ha
llevado únicamente a contradicciones que muestran que la verdad del gobierno
mexicano sobre la captura, es una verdad a medias.
La primera señal de que las cosas que decían las autoridades
mexicanas eran parciales y confusas, se dio cuando al celebrar la detención de
López, el presidente del Senado, Pablo Escudero, declaró: “Es un éxito de la
PGR y la Secretaría de la Defensa. Es una buena señal de cómo se están
articulando las autoridades norteamericanas con la Marina, la PGR y la Defensa
Nacional”. Es decir, en la persecución y finalmente detención de López,
participaron activamente las agencias de inteligencia estadunidenses. Ningún
funcionario confirmó lo dicho por Escudero, pero tampoco lo negó. El jefe de la
Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, profundizó la
confusión, al asegurar en un mensaje a medios el martes –que originalmente se
organizó como conferencia de prensa-, que la detención obedeció a una orden de
detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.
Lo que dijo no se sostiene con los hechos, o las autoridades
violaron el debido proceso de López, por lo que dado el garantismo actual de la
Suprema Corte de Justicia, puede salir en libertad y las acusaciones desechadas
como pruebas para mantenerlo en la cárcel. Esto se explica porque si lo
señalado por García Harfuch es cierto, sus agentes debieron haberlo llevado
ante el juez que habría ordenado su detención con fines de extradición, y no
trasladarlo directamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones
de la Delincuencia Organizada. Según personas que conocen los procedimientos,
las órdenes de un juez llevan mano sobre las diligencias de los ministerios
públicos, y la captura fue por una orden judicial con fines de extradición.
Funcionarios federales confirmaron indirectamente la
explicación de Harfuch al señalar que sería cumplimentada una orden de
aprehensión por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, y le
serían imputados delitos flagrantes, que tendrían que ver probablemente con los
paquetes de metanfetaminas que se encontraron en el departamento durante los
cateos tras su detención.
La manera como se están tropezando las autoridades mexicanas
en la explicación clara sobre el origen de la captura de López, no puede
entenderse sin observar a la contraparte estadounidense. El gobierno del
presidente Barack Obama mantuvo sellado, sin explicación alguna, el expediente
sobre López abierto en 2011, desclasificado el 7 de marzo de 2013 al iniciar el
juicio en su contra en la Corte Este de Distrito en Virginia. El 9 de enero de
ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó junto con Inés Coronel Barreras,
suegro de “El Chapo” Guzmán y condenado la semana a 10 años de prisión, como
los principales lugartenientes del capo sinaloense en la llamada Acta Kingpin,
que prohíbe todas las relaciones comerciales y financieras de ciudadanos
estadounidenses con ellos y sus empresas.
En noviembre de 2011 el gobierno de Estados Unidos solicitó
la orden de aprehensión contra López, por lavado de dinero y tráfico de cocaína
por 280 millones de dólares. Las investigaciones se profundizaron en Estados
Unidos, mientras que en México no se dio seguimiento. Una orden de aprehensión
solicitada por la PGR en febrero de 2011 fue peleada en tribunales por López,
quien obtuvo un amparo el 22 de noviembre de 2012. Desde entonces no hubo nada
en su contra hasta los últimos días, cuando se le detuvo como consecuencia
directa, aparentemente, de un video hecho por un hacker y difundido por Carlos
Loret en su programa “Despierta” de Televisa.
Ese video cambió la dinámica dentro del gobierno mexicano al
quedar expuesto ante la opinión pública. Loret dijo que había sido videograbado
por una persona que tras entregar el material viajó a Estados Unidos para “ser
protegido por ese país”. ¿Por qué tendría que ser protegido por Estados Unidos
alguien que no sirvió a Estados Unidos? Quienes proporcionaron a Loret el
video, no lo explican. Tampoco porqué, si era un hacker infiltrado por los
mexicanos, no le dieron protección. Expertos en la materia expusieron sus dudas
sobre la versión del supuesto hacker y si en verdad existe tal personaje.
En todo caso, con la información disponible se puede
argumentar que ese hacker no trabajaba para el gobierno mexicano, sino para el
estadunidense. Por lo tanto, sería un activo de los servicios de inteligencia
de ese país, que tras cumplir con su objetivo, fue extraído para proteger su
vida. Esta acción sería consistente con la persecución en aquella nación contra
López, y la decisión de explotar mediáticamente la presencia del
narcotraficante en la Ciudad de México, para obligar a un gobierno pasivo a
actuar y no ser exhibido como cómplice, voluntario o no, de los cárteles de la
droga. Todo esto, por supuesto, en la opacidad de las medias verdades sobre la
captura de López.
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