Ramón Alberto Garza
La verdad nuestras autoridades no tienen vergüenza. Sus
acciones anti-corrupción son cínicas, de burla para los ciudadanos.
Por eso la imagen del gobierno federal y de casi todos los
estatales anda por los suelos. Porque de dientes para afuera prometen combatir
la corrupción, pero en los hechos la encubren, protegen y alientan.
Tomemos tres casos. Dos federales relacionados con PEMEX y
uno estatal, el del gobierno “independiente” de NL.
Fue triste ver cómo a la secretaria de la Función Pública,
Arely Gómez, la llevaron al juego de las tapaderas. Y teniendo como escenario
el Congreso Internacional Contra la Corrupción, dio una buena noticia.
Su dependencia ya sancionó a siete funcionarios de Pemex
Logística por autorizar y hacer pagos indebidos a una empresa, por una obra que
nunca fue ejecutada y equipos que tampoco se entregaron.
Fueron 49.8 mdp de multas para los corruptos confesos y la
inhabilitación hasta por 15 años para ocupar cualquier puesto en el gobierno
federal. Hasta aquí lo bueno.
Lo pésimo es que cuando se le preguntó a Arely Gómez por sus
nombres, se negó a revelarlos, “debido a que se deben proteger sus datos
personales” (sic).
¿Desde cuándo la dependencia responsable de perseguir la
corrupción protege la espalda a los corruptos confesos?
Eso no es castigo, como tampoco lo es el otro caso que
tensiona a Pemex. El del soborno de Odebrecht, y que hasta hoy somos el único
país que no puede exhibir a alguien por
haber recibido los 10.5 mdd.
Para colmo, si buscamos investigar, ya la Comisión de
Transparencia de Pemex se reservó por tres años la secrecía del contrato, no
vaya a ser que entre los firmantes podamos descubrir al presunto corrupto.
Si sumamos uno más dos, no nos vayan a salir con que ya
identificaron al que recibió el soborno de Odebrecht, pero que pase lo mismo
que con los siete corruptos confesos. Devuelve el dinero, lo inhabilitan, pero
protegen su nombre.
Pero nada es diferente en los gobiernos estatales. Y como
ejemplo está el decadente gobierno “independiente” de Jaime “El Bronco”
Rodríguez y su cobijagate.
Recordarán que recién debutada esa que prometía ser una clara
administración dizque se compraron 200 mil cobertores. Se entregarían o no, el
hecho es que los precios estaban inflados a tres veces su costo.
Un funcionario, hoy al servicio del gobierno panista de
Tamaulipas, pagó los platos rotos, fue despedido y pagaron cerca de 500 mil
pesos en multas. Pero como el caso sigue bajo investigación, el gobernador
“independiente”, promovió un amparo para reservar por años la secrecía de la
compra de las cobijas.
De esa manera se pueden excusar de exigencia de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información para abrir el expediente, hoy bajo
resguardo gracias al amañado y burdo Bronco-amparo.
Si así andamos con Pemex y el cobijagate de NL, tenemos más
que claro por qué nadie cree ni en la transparencia ni en el combate a la
corrupción.
Son cínicos.
