Raymundo Rivapalacio.
Atención, atención. Se está gestando una crisis
mayúscula. El 30% del 30% de las medicinas que se necesitan y que se pusieron a
licitación en noviembre, no se adquirieron porque el concurso quedó desierto, y
el 70% restante del total de los medicamentos más necesitados y especializados,
simple y llanamente, no se licitaron. Esto significa que no hay suficientes
medicinas para abastecer las necesidades de este país, y está abriendo un
riesgo donde, literalmente, lo que está en juego es la vida de muchos.
Esto es resultado de la consolidación de las compras de
gobierno, idea de Raquel Buenrostro, que inició en el gobierno como oficial
mayor de Hacienda. En octubre de 2018, el entonces presidente electo Andrés
Manuel López Obrador le instruyó a no comprar nada, porque iban a revisar todo.
Como sucede cada fin de sexenio, la administración saliente dejó de firmar
contratos y licitaciones antes de la elección presidencial. Cuando les llegó el
lineamiento del gobierno entrante que no se les ocurriera comprar nada, ya todo
estaba detenido.
La racional del gobierno era limpiar la corrupción. Lo
irracional del proceso fue no planear ni contar con alternativas reales. Una
figura que ha contribuido de manera determinante a la crisis del abasto es el
doctor José Alonso Novelo, sin experiencia en la administración pública y
dedicado a la cría de cerdos, a quien conocía el Presidente por haber sido
pediatra de familiares, y lo nombró director de la Comisión Federal para la
Protección de Riesgos Sanitarios.
Novelo cerró la puerta a toda la industria químico
farmacéutica, y bajo la bandera de luchar contra la corrupción frenó el
desarrollo de nuevos productos, la autorización de los estudios clínicos
para nuevos medicamentos, y canceló los
comités de expertos que evaluaban las nuevas moléculas. Clausuró las líneas de
producción de varios laboratorios en la Ciudad de México y Guadalajara, y frenó
la renovación de registros para medicamentos nacionales.
A Buenrostro la asesoró el actual subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, y llevó a López Obrador un diagnóstico equivocado, donde
redujo todo a señalar que las empresas distribuidoras eran un monopolio que
elevaba los costos y generaban corrupción. La acusación, reiterada hasta el
cansancio en las comparecencias públicas matutinas del presidente, ha sido
contra tres empresas, Pisa-Dimesa, Maypo y Fármacos Especializados, que de
acuerdo con esa versión, manejaban el 60% de las compras y estaban vinculadas
con políticos cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto. Hasta el momento no
han identificado a ninguno de esos políticos, pero con respecto al monopolio,
la aseveración es falsa. Además de esas tres empresas, existen más de 20
distribuidores de alto nivel.
Lo que se consumó con la política instrumentada por
Buenrostro fue alterar la cadena de suministro al romper el modelo de
compra-distribución, que detonó el desabasto de medicinas desde hace casi un
año. Todo el esquema fue desmantelado por las acciones del gobierno, que cuando
empezó a darse cuenta de lo que había provocado, el presidente le pidió al
secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, que el Ejército
entrara al rescate. Los militares dijeron que no tenían la capacidad para atender
ese tipo de necesidad, además de no tener los vehículos refrigeradores que se
requerían para las medicinas. Nuevos distribuidores buscados por el gobierno,
tampoco pudieron cumplir con el trabajo.
El desabasto de medicinas y la suspensión de los tratamientos,
ya ha sido asociada a la muerte de varios menores y las afectaciones
irreversibles en otros niños, jóvenes y adultos. Hay casos de niños cuya muerte
está directamente asociada en tiempo a la suspensión de tratamientos, así como
también el deterioro en la salud de varios pacientes de sida. La falta de
tratamientos está colocando a médicos en la disyuntiva de empezar a rechazar
enfermos de sida porque no tienen medicamentos para completar sus tratamientos,
y todo apunta a que van a empeorar las cosas.
La licitación de noviembre fue únicamente para el 30% de
los medicamentos necesitados –la tercera parte de este porcentaje quedó sin
abastecerse porque el concurso se declaró desierto-, y el 70% restante se iba a
resolver en mesas de negociaciones especializadas. Sin embargo, por problemas
de organización, mesas de enfermedades tan sensibles como la de oncología,
retrovirales e hiperintensivos, nunca se llevaron a cabo. Esto provocó que el
70% de esos medicamentos que tenían que haberse licitado entre enero y febrero,
no se concursaran.
Ante esta emergencia, la nueva oficial mayor de Hacienda,
Thalía Lagunes, emitió un decreto el 28 de enero para autorizar a la Secretaría
de Salud a importar medicamentos sin registro, y extendió los contratos
vigentes de 2018 de las mismas empresas contra las que despotrica regularmente
el Presidente. Esto trajo distorsiones adicionales al mercado. Por un lado se
repitió lo que sucedió previamente cuando Buenrostro y López-Gatell adquirieron
un nuevo producto para el sida, que de acuerdo con datos de la industria, costó
tres veces más de lo que se venía pagando por él.
Por el otro, al cancelar las compras, se cancelaron los
pedidos, por lo que la producción de medicamentos para México, se suspendió.
Una externalidad de esto es que un alto número de empresas en la industria
químico-farmacéutica están en quiebra y están vendiendo sus inventarios a muy
bajo costo, que repercutirá en el futuro. Al tomarse el precio más bajo como
referencia, el gobierno no podrá adquirir el mismo medicamento a ese precio,
que fue de remate.
En la actualidad, el gobierno está comprando en el
mercado internacional las medicinas que necesita a cualquier precio que
encuentre. La decisión presidencial resultó más cara y políticamente es una
bomba. Ya hay muertos asociados con la política de consolidación de compras y
daños irreversibles por la escasez de tratamientos. La incompetencia nos está
costando mucho.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa