Alfredo Martínez de Aguilar.-
* El Frente Estatal para la Defensa de los Periodistas de Oaxaca obtuvo el año pasado, el amparo y protección de la justicia federal, para ser escuchados y protegidos por el Congreso del Estado. * El Frente de Periodistas propuso al Congreso del Estado de Oaxaca la creación de la Comisión Permanente de Atención y seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
Uno de los mayores pendientes del Estado mexicano es
defender y proteger a los periodistas. México es hoy en día, uno de los principales
países más peligrosos para ejercer el periodismo.
El estado sureño de Oaxaca, de ninguna manera, es ajeno a
esta problemática. Por el contrario, las estadísticas de la violencia y muerte
contra periodistas, le colocan en el segundo lugar nacional.
Solo en Afganistán y Siria, países en guerra, el baño de
sangre de periodistas es mayor, revelan organismos internacionales defensores
de derechos humanos y de la libertad de expresión.

El Frente Estatal para la Defensa de los Periodistas de
Oaxaca obtuvo el año pasado, el amparo y protección de la justicia federal,
para ser escuchados y atendidos por el Congreso del Estado.
Nuevos vientos parecieran empezar a soplar en la
protección y defensa de la vida e integridad de los periodistas oaxaqueños,
gracias a las demandas y gestiones de diversas organizaciones.
El Frente de Periodistas propuso al Congreso del Estado
de Oaxaca la creación de la Comisión Permanente de Atención y seguimiento a las
Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
Los integrantes del Frente proponen una ley de gran
calado que coloque a la entidad con una legislación de avanzada respecto a la
libertad de expresión y la protección al ejercicio periodístico.
El objetivo principal es elevar a la categoría de
actividad de interés público el ejercicio periodístico en Oaxaca, así como
precisar la definición de periodista y tutelar sus derechos fundamentales.
Los organismos internacionales definen al periodista
como: persona física, así como medios de comunicación y difusión públicos,
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de
cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar,
comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de
cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso,
radioeléctrico o digital, que hace del ejercicio de las libertades de expresión
y de información su actividad principal y remunerada.
La columna vertebral de la iniciativa comprende la
protección y defensa de los derechos a: la protección cautelar, la libertad
para acopiar información; el secreto profesional; la cláusula de conciencia; la
capacitación profesional continua; el acceso a los sitios físicos donde se esté
generando información de interés público, el acceso a las fuentes y archivos de
entidades públicas; derechos de autor, con la acotación que en caso de duda se
privilegiará el interés público.
La diputada de Morena Magaly López Domínguez urgió en
tribuna del Congreso local al cumplimiento de las medidas cautelares
existentes, a favor de periodistas y defensores de los Derechos Humanos en
Oaxaca, que permanecen vulnerables ante la inseguridad e indefensión.
La legisladora del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional exhortó al Gobernador Alejandro Murat a instruir a su gabinete para
reforzar las acciones de protección establecidas como medidas cautelares, a
favor de periodistas y defensores de derechos humanos.
López Domínguez señaló que Oaxaca se encuentra entre los
estados con mayor número de ataques a periodistas, por encima de Veracruz y la
Ciudad de México: “es obligación del Estado,
generar las estrategias y acciones políticas necesarias
para garantizar la labor de periodistas y el de los hombres y mujeres
defensoras de los Derechos Humanos”, expresó.
La propuesta de la presidenta de la Comisión Permanente
de los Derechos Humanos en la LXIV Legislatura, fue aprobada por mayoría de los
Diputados presentes en la pasada sesión ordinaria.
La acción inédita de ganar el año pasado un Juicio de
Amparo al Congreso del Estado, impulsada por nueve organizaciones
periodísticas, ha permitido alcanzar importantes logros en la defensa y
protección de los periodistas oaxaqueños al margen de protagonismos, siglas y
membretes.
Como reparación del daño, por primera vez, un ex alto
funcionario estatal, Eduardo Rojas Zavaleta, dio una disculpa pública en la
Delegación Estatal de la PGR al periodista Osvaldo Carrillo.
Se sentó así un positivo precedente en la historia del
periodismo mexicano. Osvaldo Carrillo Hernández, fue amenazado por el ex
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.
A ello se suma el hecho que el Estado mexicano inicia
reparación del daño por violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho, a 13
años que la periodista descubrió una red de pederastia.
El Estado mexicano reconoció la violación de derechos
humanos cometida contra la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005, por
políticos y empresarios que integran la red de pederastia.
Por los actos de tortura cometidos por funcionarios
públicos, la Secretaría de Gobernación, ofreció disculpas públicas a la
periodista Lydia María Cacho Ribeiro, como parte de una reparación integral que
determinó el año pasado, durante el mes de julio, el Comité de Derechos Humanos
de la ONU.
Asimismo, por primera vez, la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la
PGR logró vincular a proceso a Fidel Guzmán Talledos.
Este último amenazó de muerte con arma de fuego a los
periodistas Jaime García Bolaños y Miguel Ángel Luna López, mientras cubrían un
conflicto electoral en el municipio de Animas Trujano.
Hay, diversas denuncias por asesinato, lesiones y
amenazas, en los que exigimos investigación y sanción, como el homicidio de la
fotorreportera Maria del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Juchitán junto con la
ex candidata de la coalición PRI-PVEM, Pamela Terán, y su chofer Adelfo Guerra.