Raymundo Rivapalacio.-
La claridad sobre la política de no intervención que el
presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sobre el papel que debe jugar en
Venezuela, es antagónica a la subordinación política que desde que ganó las
elecciones ha mostrado frente al presidente Donald Trump. Su promesa de campaña
que las cosas serían diferentes entre él y Trump a como habían sido con el
presidente Enrique Peña Nieto, porque lo convencería que era mejor tener una
buena relación con México que de conflicto permanente, se quedó en un discurso
maniqueo. No lo confronta, cierto, pero tampoco lo persuade de nada. Le
extiende un tapete para que haga con México lo que quiera.
La semana pasada, en el conflicto de Trump con los
demócratas en el Capitolio porque no le quieren presupuestar cinco mil 700
millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, dijo que
estaría dispuesto, de no conseguirlo, de cerrar la frontera con México. Cuando
la prensa le pidió una reacción a López Obrador, se lavó las manos y dijo:
“Hemos actuado con prudencia y de manera precavida. No hemos opinado de este
tema porque se trata de un asunto interno del gobierno de Estados Unidos y preferimos
abstenernos”.
Ciertamente, la discusión presupuestal sobre el muro es
doméstica, pero cuando en las presiones de Trump contra los demócratas
involucra a México, el tema ya corresponde atenderlo a los mexicanos, en voz de
su gobierno. Sellar la frontera no es un tema menor. De acuerdo con las
estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada día hay más de un
millón de cruces legales de personas, además de 300 mil vehículos de los
cuales, 70 mil son camiones de carga, lo que representa un intercambio
comercial de más de mil millones de dólares cada 24 horas. Un cierre
desestabilizaría a 94 municipios en seis estados fronterizos, que participan
con el 21% del PIB nacional. El problema que quiere estallar Trump se
traduciría en una crisis social y económica regional en México.
López Obrador soslaya la amenaza para no quedar atrapado
en la lucha de Trump y los demócratas, pero su silencio tampoco contribuye a
que se movilicen otras fuerzas internas en Estados Unidos, como los empresarios
y comerciantes que también resultarían afectados por el cierre fronterizo, que
podrían presionar a Trump para que si quiere mantener abiertos los frentes de
guerra en el Capitolio, no utilice a México como chivo expiatorio de sus
arrebatos. Su enmudecimiento contrasta con la celeridad como quiere ayudarle a
resolver el problema de la migración centroamericana, que también le disminuye
vulnerabilidades en su diferendo político con el Capitolio.
Esta afirmación tiene su sustento en el comunicado de
prensa del Departamento de Seguridad Interna el 20 de diciembre pasado, que da
cuenta del anuncio realizado por la secretaria Kirjsten Nielsen, sobre “la
acción histórica” para confrontar la crisis migratoria, donde Estados Unidos
dejaría de mantener en su territorio a los migrantes centroamericanos que
buscan asilo político en ese país, porque de acuerdo con una negociación con el
gobierno de López Obrador, sería México quien haría ese trabajo. El acuerdo
entre los dos gobiernos modificó radicalmente las políticas migratorias de
ambos, sirviendo el mexicano a los intereses de la Administración Trump.
Varios funcionarios del gobierno lópezobradorista han
dicho que si bien hay pláticas aún no hay nada concreto, salvo la decisión de
que México no serviría como la estación migratoria para Estados Unidos. Sus
palabras realmente no tienen peso en Washington, ni son creíbles. Este lunes,
en la reunión con embajadores y cónsules mexicanos en el exterior, la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo oportunidad de clarificar
la posición de su gobierno, pero fue omisa, probablemente en forma deliberada.
Explicó que los migrantes centroamericanos tendrán garantías a sus derechos
humanos cuando crucen territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, y mientras se
resuelve su situación migratoria en aquel país. Es decir, aceptó implícitamente
la existencia de la nueva política estadounidense, aceptada según Washington
por el gobierno de López Obrador, llamada Permanecer en México.
Esta política sólo ha generado preocupación en Estados
Unidos. El 2 de enero, el presidente del Caucus Hispano en la Cámara de
Diputados, Eliot Engel, miembros del Comité de Asuntos Exteriores, y Albio
Sires, miembro del Subcomité de Asuntos de América Latina del mismo Comité,
enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, preocupados por el
acuerdo de los dos países. “Aunque ambos gobiernos han descrito esto como una
política unilateral de Estados Unidos que el gobierno de México aceptó”,
dijeron los diputados.
Los diputados querían saber puntos específicos: ¿cuándo
se acercó el gobierno de Estados Unidos a México y cuántas dependencias
estuvieron involucradas en la discusión?, ¿qué tipo de acuerdo alcanzó el
gobierno con México? ¿cuáles son los detalles? ¿fue previo al anuncio del 20 de
diciembre sobre el cambio en la policía de asilo? Hasta esta fecha, Pompeo no
ha respondido a los diputados, pero tampoco ha desmentido la existencia del
acuerdo. En México, el silencio del presidente López Obrador ha sido protegido
por la complacencia del Senado, controlado por Morena.
No hay presión alguna en México para que el presidente
responda sin evasivas sobre lo que está haciendo Trump, ni forma de que los
secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores rindan cuentas sobre lo que
han estado hablando con Washington. Pero esconderse no blinda lo que viene.
Trump no se detiene ante nadie, ni le importa nada salvo sacar adelante su
agenda. A México lo ha utilizado como instrumento de presión y el gobierno
López Obrador se ha prestado para ello. De este vasallaje, como en el pasado
sucedió, no saldrán buenas cosas.
