A un poblado de Oaxaca llegaron, hace casi una década, empresas españolas a instalar parques eólicos. Lo hicieron sobre tierras fértiles que tenían uso de suelo comunal. Pasaron las leyes agrarias por alto y engañaron a los comuneros. Después de varias protestas infructuosas, un grupo de habitantes inició una batalla legal que podría ser un precedente para otras comunidades que busquen expulsar a mega proyectos de sus territorios
UNIÓN HIDALGO, OAXACA.- El último domingo de cada mes, los
comuneros de este pueblo se reúnen bajo la sombra de un árbol para celebrar la
asamblea de bienes comunales, la junta donde se decide el rumbo de la
comunidad. Lo hacen así desde 2012, el año en que recuperaron parte de su
legado indígena -la asamblea- y encontraron otra forma de luchar contra sus
nuevos conquistadores: los parques eólicos.
Desde el quiosco de la plaza donde se reúnen los 50
comuneros se puede ver al norte y al poniente las tierras de cultivo del pueblo
que ahora parece que sólo siembra aerogeneradores; la torre eólica más cercana
está a 500 metros del poblado, las demás se extienden hasta el horizonte. Los
inmensos molinos modernos dividieron la tierra y a los habitantes del pueblo.
Unión Hidalgo es un municipio ubicado a 15 minutos en coche
de la ciudad de Juchitán, en el Istmo; es una zona donde viven descendientes
del pueblo zapoteca.
Esta comunidad ha dado una batalla legal contra una empresa
española por la instalación de un parque eólico; los comuneros esperaron tres
años y medio por una sentencia que finalmente se dio en los primeros días de
diciembre de 2016, con un resultado desconcertante: el magistrado del Tribunal
Unitario Agrario, Georg Ruben Silesky Mata, reconoció que las tierras en donde
se asentó el parque eólico son agrarias, pero dejó vigentes los contratos
civiles que firmaron de forma irregular algunos comuneros de Unión Hidalgo
(esos contratos son ilegales porque no los firmó la asamblea). La decisión
final está ahora en manos de un Tribunal Colegiado, ante quienes los abogados
de los comuneros presentaron un amparo contra la sentencia.
Asamblea de bienes comunales de Unión Hidalgo
Los engaños
La historia de la venta ilegal de las tierras comenzó en
1964, cuando el ex presidente Adolfo López Mateos decretó que todas las tierras
de Juchitán y sus anexos –Unión Hidalgo, La Venta, Xadani, Chicapa de Castro y
El Espinal– pertenecen al régimen de tierra comunal; así, poco más de 68 mil
hectáreas fueron reconocidas como propiedad de las comunidades indígenas y, por
lo tanto, serían administrados por una asamblea
Esa asamblea duró 14 años. La última sesión se realizó en
1978 y coincidió con las elecciones para escoger al nuevo comisario de bienes
comunales. El ganador nunca ocupó su cargo, pues algunos miembros lo
desconocieron y la asamblea se disolvió, aunque el régimen de la tierra siguió
siendo comunal.
La disolución de la asamblea fue un manjar para los partidos
políticos que durante la década de los 80 entregaron títulos de propiedad a los
comuneros, a cambio de votos. Por lo menos, eso fue lo que les dijeron, ya que
legalmente sólo podían entregarles certificados de propiedad agrarios, lo que
les permitía trabajar y hacer uso de la tierra, pero no los hizo dueños de
ella.
Sin embargo, ese “intercambio” de votos por certificados de
propiedad resultó en la confusión que permea hasta hoy: con este papel los
comuneros “adquirieron” hectáreas, y si ellos podían comprar la tierra, ¿por
qué no iba a poder rentarle su terreno a una empresa?
Desarrollos Eólicos Mexicanos, Demex, y su filial española,
Renovalia Energy, llegaron a Unión Hidalgo en el 2005 con la intención de
construir un parque eólico de 2 mil hectáreas. Lo llamaron Piedra Larga.
“En un primer momento, en el 2007, la empresa llegó
acaparando terreno, apartando casa por casa, a través de unas muchachas
edecanes que acosaban a los propietarios, cuando no lograron reunir las
hectáreas, llegó la rifa de los aerogeneradores en el 2009, regalaban boletos
para una camioneta Nissan y otras regalías a las personas que firmaran, un año
después hicieron la vela del aerogenerador, igual le regalaban 10 cartones de
cerveza a los que firmaban”, cuenta con los ojos cerrados y su hablar pausado
Juan Regalado, vocero de los comuneros.
Regalado fue de los últimos comuneros en firmar el contrato
de arrendamiento; cedió después de que lo visitó el representante de Demex y le
ofreció un puesto como consultor, pero eso nunca ocurrió. No fue el único
engañado: a un comunero le prometieron la construcción de una universidad; a
otro, le dijeron que los pagos eran mensuales, no los 250 pesos por hectárea
anuales que recibe ahora.
La empresa española se hizo de los campos de cultivo de los
pobladores de Unión Hidalgo, “pero los contratos no sólo se obtuvieron con
dolo, estaban mal planteados desde un principio”, explica Juan Antonio López,
abogado de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (ProDESC).
“La empresa recababa la documentación, los certificados, se
los presentaba al notario, este hacía las escrituras y después se las llevaba a
los posesionarios a firmar junto con el contrato de arrendamiento”, dice el
defensor.
Las escrituras apócrifas datan desde 1992, dos años antes de
que se instalara el primer parque eólico. Las empresas aseguran que no eran
conscientes de la propiedad de la tierra, y aunque no está comprobada una
relación de complicidad entre la empresa y la Notaría, según el abogado, las
notarias que redactaron estas escrituras, Aurelia Benítez Castillejos y María
de la Luz Emelia Martínez Carvallido, debieron revisar la documentación y
notificarle a la empresa y a la comunidad de Unión Hidalgo que no era posible
rentar esas tierras porque ese acuerdo debían consultarlo con la asamblea de la
región y hacerlo por la vía agraria. En cambio, la redacción de estas
escrituras sembró la idea errónea de que los comuneros podían rentar.
Juan Regalado, representante del Comité de resistencia al
proyecto eólico en Unión Hidalgo
La resistencia
En el Istmo de Tehuantepec hay 27 parques eólicos y 12 de
ellos están dentro dentro de las 68 mil hectáreas de tierra comunal; los más
conocidos son: Bii Hioxo, Eurus y Fuerza Eólica del Istmo. Todos los contratos
con los comuneros, en los cuales las empresas se amparan para funcionar, están
realizados sin tomar en cuenta el régimen de la tierra y fuera de la ley porque
no existía una asamblea con quien negociar.
Pero nada de esto se supo en el poblado, mientras corría la
cerveza, cuando los representantes de Demex y Renovalia terminaron de conseguir
las firmas necesarias que requería el proyecto (en 2010). Al año siguiente,
empezó la construcción, la represión y las amenazas.
A principios del 2011, sin notificarle a los pobladores,
llegó la empresa a Unión Hidalgo con camiones; talaron, pavimentaron caminos y
excavaron para colocar las bases de los grandes molinos de viento. El mismo día
se constituyó la mesa directiva de los propietarios, una asociación de 72 hijos
y parientes de comuneros quienes movilizaron a la población para conseguir un
adelanto del importe del contrato, el cual despliega un tabulador de precios
anuales por la renta de los terrenos y una cláusula de vigencia donde se
establece que la fecha de terminación se puede prorrogar indefinidamente.
Dentro de esa asociación, un grupo de 48 hombres y mujeres
–en su mayoría de la tercera edad– buscó proteger a la comunidad de abusos por
parte de la empresa. Ellos fueron quienes promovieron la investigación del
régimen de la propiedad y el contenido de las clausulas de otros parques
eólicos ya instalados.
Entonces empezaron a conocer las inconsistencias: Los pagos
de Demex eran entre 10 a 25 veces menores de lo que se ofrecía en otros parques
eólicos por la renta, y no estaban considerando las afectaciones que iba a
generar la construcción de la empresa. “Prometieron una relación de precios por
los árboles, igual estaban tirando palmeras que árboles de Huanacastle de más
de 50 años”, cuenta uno de los comuneros, que pide no publicar su nombre.
También se dieron cuenta que la empresa hipotecó sus
tierras, lo cual le impidió a Juan Regalado continuar con su trámite para
obtener un crédito bancario. El crédito más bien lo obtuvo la empresa española
Renovalia, al gravar los territorios obtuvo 160 millones de dólares financiados
por el gobierno mexicano a través de Nafinsa, Bancomext, Banobras-Fonadin, y
tres bancos privados.
Ese mismo año y frente al incumplimiento de los contratos,
los comuneros solicitaron una reunión con la empresa.
“Se le citó a la empresa para analizar estas situaciones, en
el contrato había un cláusula que especificaba que se iba a revisar para
mejorar las condiciones. Si no nos convenía se podía rescindir… esto no se
logró”, recuerda Juan Regalado.
A la junta asistió el representante de Demex, Fernando
Ballester Surroca, quien dijo una frase que no han olvidado los habitantes y
contra la que el Comité de Resistencia luchó desde entonces: “Ya firmaron, ya
se chingaron”.
La respuesta de la comunidad fue que bajo esas condiciones
no podían entrar en los terrenos a seguir excarvando para la cimentación y
abriendo caminos.
Los siguientes ocho meses Unión Hidalgo vivió en
resistencia, peleas entre vecinos y una posible rendición.
La primera pelea se dio, paradójicamente, entre los 72
miembros de la Mesa Directiva de Propietarios. Juan Regalado y su esposa Lupita
lo recuerdan desde la galera de su casa: dentro del comité había mucha ambición
-narran- y la representación la llevaran jóvenes que no eran dueños de esos
terrenos.
”La empresa al vernos constituidos empezó a abordar a los
propietarios, amenazando, intimidando, ofreciendo dinero, prometiendo obras
como pozos, tanques de almacenamiento, casitas en los terrenos y así fueron
firmando”, dice Regalado.
Lupita suelta una risa sin humor “Cuando lograban
convencerlos los exhibían como si fuera un gran trofeo. Así nos hacían hasta
que quedamos menos.”
El segundo frente se dio en los campos donde se construyó el
parque. Los manifestantes se aliaron con la organización de Bettina Cruz
–defensora de derechos humanos– primero para bloquear la entrada y después para
evitar que la empresa construyera en sus terrenos.
“Ahora me da risa, pero su momento tenía mucho miedo. Pasé
una semana con machete en mi territorio. De repente se acercaban los muchachos
del pueblo que vigilaban para la empresa, pero en su mayoría estuve sola”,
relata una comunera, rodeada por fotos de su familia y los títulos de su hija.
Guadalupe Ramírez, comunera zapoteca
La última protesta
La última protesta de la resistencia se dio el 28 de octubre
del 2011, en la carretera Panamericana, que conecta Juchitán con Tuxtla
Gutiérrez, uno de los caminos principales de la zona. La manifestación empezó a
reunirse a la sombra del puente para repartir volantes, las primeras en llegar
fueron Lupita con las defensoras de derechos humanos Bettina Cruz y Maribel
Pedro. Los demás manifestantes, una comitiva de 30 personas llegaron a las 4 de
la tarde.
Apenas bajaron de sus vehículo pasó un policía federal de
caminos preguntando, qué iban a hacer. Unos minutos después llegó el Agente
Municipal del municipio La Venta con seis muchachos, gritando groserías y
amenazando con matar o quemar a los manifestantes. Juan Regalado recuerda que
llegó buscando a su esposa –quien fue a sacar más copias de los volantes– y en
su lugar se encontró con los puños del Agente Municipal cuando intentó defender
a Bettina Cruz. El agente regresó con 50 hombres. “¡Van a ver si no se salen!”.
Luego empezó la balacera.
El agente amenazó con el arma y con golpes a Juan Regalado,
a Rodrigo Sánchez Miguel y a Bettina Cruz. Su llegada y la amenaza de las balas
disolvió la manifestación y una persona fue asesinada. La presión sobre los 48
hombres y mujeres en resistencia fue clara: al asesino se le vinculó con la
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la
Tierra y el Territorio (APIITDTT, es la organización que dirige Bettina Cruz),
y al ex agente de La Venta, que llegó con su pistola, se le declaró inocente.
Después de la manifestación en La Venta, de los 48
posesionarios sólo quedaron 23.
Mapa de las 68 mil hectáres de tierra comunal compuesto por
Juchitán, Unión Hidalgo, La Venta, Xadani, Chicapa de Castro y El Espinal
Cambio de juego: batalla en los tribunales
ProDESC asumió a la defensa de Unión Hidalgo después de que
la empresa y la policía estatal detuvieran, en 2011, a cinco personas durante
una de las manifestaciones contra la instalación de una torre sin autorización.
Con el apoyo de ProDESC el pueblo revisó la posibilidad de
dar una batalla por la vía agraria, en lugar de limitarse a demandar el fin
anticipado de los contratos.
Esta batalla obligó a volver al año de 1978, cuando se hizo
la última asamblea de la comunidad. Así 34 años después, el 24 de junio de
2012, la Asamblea Comunal de Unión Hidalgo se reanudó. Su primera decisión fue
elegir a Óscar Marín como Representante de Bienes Comunales. Un año después, el
11 de junio 2013, se presentó la demanda contra Renovalia por nulidad de
contrato. Ya tenían el mapa y el decreto para comprobar el régimen de la
tierra.
En los últimos tres años y medio el juicio fue un sube y
baja; primero el Tribunal Agrario de Tuxtepec se declaró incompetente para
tomar la decisión, esto impulsó un amparo ante el Tribunal Superior que
resolvió que la demanda se iba a determinar con una prueba topográfica y
designó a tres peritos para determinar si Unión Hidalgo está dentro de las 68
mil hectáreas de tierra comunal.
Al final, el diciembre pasado, el Tribunal Unitario Agrario
de Tuxtepec declaró que la tierra sí es comunal, pero permitió que los
contratos se mantuvieran vigentes. ProDESC presentó un amparo y ahora, la
última instancia que resolverá este conflicto es un Tribunal Colegiado.
Una sentencia en favor de los comuneros no sólo sería un
logro para Unión Hidalgo, sino para sentar un precedente jurídico que ayudaría
a otros procesos similares.
Desde el 27 de octubre de 2015 hasta el 10 de febrero de
2016, Demex y Renovalia buscaron salvarse: a los 23 posesionarios que
resistieron hasta el final, las empresas les ofrecieron terminar los contratos
de manera anticipada y saldar los pagos en deuda. Pero se trataba de un engaño
más. Uno de los posesionarios fue al Registro Público de la Propiedad y
descubrió que las escrituras falsas de sus terrenos seguían hipotecadas.
Para los 23 posesionarios que sobrevivieron este proceso,
volver a usar sus tierras es mucho más fácil ya que no se construyó en ellas;
el problema será para los propietarios donde sí se instalaron las torres,
porque el camino que lleva al aerogenerador y la base de este están hechos de
cemento, cuyo uso deja prácticamente infértiles a las tierras.
En espera de la resolución de esta batalla, los comuneros
saben que otra pelea se aproxima: los cambios que traerá la reforma energética.
Oscar Marín, Representante de Bienes Comunales de Unión
Hidalgo
Fuente: http://www.piedepagina.mx/la-singular-batalla-de-un-pueblo-indigena-contra-un-parque-eolico.php
“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página,
realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí:
http://www.piedepagina.mx".
0 Comentarios